Rechazamos la iniciativa anunciada por los ministros Bullrich y Garavano de enviar al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de la punibilidad de los 16 a los 15 años.
Este anuncio se inscribe en un paquete de acciones y medidas como la doctrina Chocobar, la licencia para matar contenida en la Resolución 956/18, y una fuerte campaña propagandística sostenida en los medios del sistema para criminalizar la pobreza y la juventud.

Sostenemos nuestro rechazo a la baja de la punibilidad, porque – junto a la represión a la protesta social y la persecución de los luchadores- es el mecanismo que pretenden utilizar para que les cierre el modelo de precarización social encarnado por el gobierno de Macri.

Es falso que haya una alta tasa de incidencia de los mas jóvenes en los delitos violentos, como pretenden instalar desde la propaganda oficialista. Lo más grave es que no existen datos ni investigaciones de escala nacional, lo que sería necesario para abordar políticas destinada a la infancia y la adolescencia.

Es falaz el argumento de que con esta medida se atacará a las organizaciones criminales que utilizan a menores para la comisión de delitos. Si un adulto, de una banda delictiva o de una fuerza represiva (como lo que hicieron con Luciano Arruga) ordena delinquir a un menor, el delito es de ese adulto y el niño es víctima y debe ser atendido como tal.

La campaña mediática pretende ocultar que lo que origina la violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas represivas someten a niños, niñas y jóvenes; el manejo de los territorios por las bandas narco que actúan en connivencia con el poder, de quienes nuestros gurises son víctimas.

Esta nueva embestida es funcional a un proyecto político, económico y social que beneficia a las patronales, a los grupos concentrados de poder político y económico, a las multinacionales imperialistas y a los fondos buitre. Refuerza los poderes y la discrecionalidad a las fuerzas represivas. Saquea el país en beneficio de los capitales instalados directamente en los ministerios y secretarías del gobierno; mientras despiden trabajadores, imponen techos miserables en las paritarias, cierran fuentes de trabajo, primarizan la economía, recortan presupuestos para políticas educativas y políticas sociales a favor de los sectores populares, recortan prestaciones mínimas a los trabajadores jubilados. Reconcentra los medios de comunicación impidiendo la pluralidad y la expresión de las voces populares.

En varios países latinoamericanos ya se aplican fórmulas semejantes a lo que anunciaron Bullrich y Garavano, en algunos llegaron a bajar la punibilidad a 7 años. En todos estos países, estos proyectos fracasaron; no sólo que no disminuyó el delito, sino que criminalizaron aún más la niñez y creció el número de niños privados de libertad, carentes de la protección especial a la infancia que es obligación indelegable de los estados.

En un país como nuestra Argentina, donde las políticas de gobierno someten a la pobreza a más del 48 % de nuestros niños, niñas y adolescentes, el peor crimen son el hambre; la imposibilidad de proyectar el futuro; el cierre de grados, años y escuelas; el cercenamiento de las perspectivas.

Un país sin un proyecto específico para la infancia es un país sin proyecto. Un país que condena a sus niñas, niños y jóvenes impidiéndoles las mínimas posibilidades de desarrollo, se está condenando a sí mismo.

Por lo expuesto, decimos NO A LA BAJA DE LA PUNIBILIDAD y exigimos el retiro de esta iniciativa y de todo intento de criminalizar la niñez, la juventud y la pobreza.

Demandamos al estado y a los gobiernos:

– Que se aumenten recursos y presupuestos para políticas de protección de Derechos de la infancia.

– Que se incrementen los presupuestos para políticas educativas, culturales, de salud y de Seguridad social.

– Que se instruya a las fuerzas de seguridad y de custodia prohibiendo el uso de armas contra niños, niñas y adolescentes (tal lo estipulado por las normas internacionales de derechos humanos). Que se sancionen severamente los delitos de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, contra nuestros jóvenes.

-¡Basta de ajuste! El crimen es el hambre y es la falta de fuentes de trabajo para nuestras familias.

Agmer Seccional Paraná