PARANÁ – ENTRE RÍOS
DOCUMENTO DE LA MULTISECTORIAL DE DDHH
24 DE MARZO DE 2020

Compañeros y compañeras este año nos toca conmemorar un 24 de marzo de un modo muy especial. El país y el mundo están atravesando una pandemia de características inéditas en su historia contemporánea. La propagación del coronavirus a nivel planetario nos demanda un estado de cuarentena total y aislamiento con el propósito de protegernos como sociedad, evitando el contagio y la muerte de muchas y muchos de nuestros compatriotas.
La responsabilidad social que siempre ha caracterizado a los organismos de derechos humanos llevó a la decisión de que hoy no se realice la histórica marcha, que año a año llevamos adelante en nuestra ciudad. Esta movilización ha sido construida durante décadas como la manifestación más contundente del pueblo argentino en repudio al Terrorismo de Estado y en reivindicación de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos y de las y los sobrevivientes. Para nosotros este día es un día de lucha y de ejercicio de memoria colectiva. Y lo vamos a conmemorar desde la solidaridad, desde nuestros lugares, cuidándonos y reafirmando que somos un pueblo movilizado.
Por ello, a 44 años del Golpe de Estado, Cívico, Militar, Eclesiástico y Patriarcal, la Multisectorial de DDHH levanta su voz para decir Nunca Más al Terrorismo de Estado, a las políticas neoliberales y a los golpes de Estados en los países hermanos de América Latina. Levantamos la voz para homenajear a nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la dictadura genocida, seguimos en las calles de donde nunca nos fuimos, porque creemos que a través de la voz colectiva se conquistan los derechos del pueblo y se defienden esas conquistas. Levantamos bien alto la voz porque no dejaremos de luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
Somos un pueblo memorioso y unido, luchando con alegría por un país distinto, por la Patria que soñamos.
Han pasado 44 años desde aquel nefasto y criminal Golpe de Estado del 24 de Marzo 1976, de aquella Dictadura Cívico Militar que instauró en nuestro país el más terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino. El secuestro, la tortura y la desaparición forzada fue el modus operandi que implementaron los genocidas para eliminar a una generación de militantes que luchaban por una sociedad más justa e igualitaria: nuestros asesinados y desaparecidos.
Pero aquella terrible Dictadura no fue ejecutada solamente por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También fueron parte necesaria del genocidio, la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y los grandes medios de comunicación. Quienes respondieron a un programa de dominación neocolonial en el Cono Sur, el Plan Cóndor; perpetrado por el imperialismo norteamericano en el contexto de la guerra fría y pretendiendo asegurarse el control de su patio trasero, haciendo uso de la vieja doctrina Monroe.
Y hoy como ayer nuestra América es un territorio convulsionado, crecen las rebeliones populares en Puerto Rico, Haití, Nicaragua, Ecuador y Colombia.
En la región se ha visto una creciente disputa geopolítica, donde continúan las amenazas de intervencionismos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, con el fin de expropiar las riquezas y recursos del pueblo venezolano.
En Chile hace más de 4 meses que el pueblo está en las calles con una creciente organización popular, encabezada principalmente por la juventud, contra un modelo neoliberal instaurado hace más de 30 años por la dictadura de Pinochet y hasta hace poco, puesto como ejemplo a seguir para América Latina.
El nuevo Plan Cóndor, denominado Lawfare, llevado a cabo a través de la articulación de medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y agencias del estado para atacar y destruir a opositores políticos, ha deteriorado brutalmente el estado de derecho de toda nuestra América latina.
A la vez, el imperialismo yanqui desarrolló una fuerte ofensiva sobre Bolivia. Se consumó un golpe de estado racista, clasista y patriarcal; perpetrado a la vieja usanza por la oligarquía junto a las fuerzas armadas y policiales, pero también mediante métodos no convencionales con el objetivo de apropiarse de las reservas de recursos hidrocarburíferos de la región y metales como el litio. Hubo una gran resistencia de los sectores originarios y campesinos, quienes estuvieron al frente de los enfrentamientos defendiendo las conquistas logradas durante los 12 años del gobierno, encabezado por Evo Morales.
Por eso repudiamos todos los intentos imperialistas de avanzar sobre la soberanía, los territorios, los bienes naturales y el trabajo de nuestros pueblos de América Latina.
¡SI A LA AUTODETERMINACIÓN Y LA SOBERANÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE NUESTROS PUEBLOS! ¡FUERA IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA!
Y por ello, en vísperas de cumplirse el 38° aniversario de la Guerra de Malvinas, reafirmamos nuestro reclamo histórico por la soberanía sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, ocupadas por el imperialismo inglés. Después de 4 años de políticas de desmalvinización impulsadas por el gobierno de cambiemos, seguimos resistiendo y nos declaramos en contra de cualquier medida que implique subordinar los intereses nacionales ante el poder imperialista. NO A LA DESMALVINIZACIÓN.
Tampoco permitiremos el olvido de nuestros soldados caídos, ni de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por un sector de la oficialidad contra los soldados durante el conflicto. En este sentido vemos como un avance los anuncios del presidente en torno a la creación del consejo nacional de asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del sur y espacios marítimos correspondientes, como así también la intención de avanzar con la demarcación del límite exterior de la plataforma continental Argentina.
Hoy nos encontramos reconstruyendo un país devastado. En solo 4 años, quienes nos gobernaron hasta el 10 de diciembre de 2019, solo implementaron políticas que hambrean a nuestro pueblo. El Gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos fue respaldado por las grandes corporaciones económicas, mediáticas y por el imperialismo norteamericano. Su proyecto de país fue el mismo que se implementó en el ‘55 y en el ‘76. Los mismos que nos dejaron frente a un sistema nacional de salud, con el que debemos hacer frente a esta pandemia,desmantelado y con un plan de privatización de las políticas sociales.
Estos momentos que atravesamos dejan en evidencia que la salud, la educación y la ciencia deben tener prioridad presupuestaria y deben ser de calidad, con acceso popular y democrático. Todo lo que el anterior gobierno se propuso desmantelar.
Así como el programa encabezado por Martínez de Hoz, la Alianza Cambiemos implementó políticas que devaluaron permanentemente nuestra moneda, altísimas tasas de interés que destruyeron el aparato productivo y promovieron un modelo de valorización financiera que sólo favoreció a un pequeño grupo de multinacionales agroexportadoras y Bancos nacionales e internacionales. Políticas que sólo castigaron a nuestro pueblo con tarifazos, reformas al sistema jubilatorio, cierre de empresas y Pymes, altísimos niveles de desocupación y una represión feroz para aquellos que pretendían oponerse a ese programa de hambre y miseria. La consecuencia de la brutal represión a nuestro pueblo ha sido la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, ambos muertos en la lucha por los derechos de los pueblos originarios.
En este contexto regional se reaviva el debate sobre el rol de las fuerzas armadas, por ello insistimos en su necesaria reestructuración política e ideológica, con una formación con perspectivas en derechos humanos, con control ciudadano promoviendo su democratización, para que finalmente puedan actuar como órganos del estado destinados a garantizar la defensa de los intereses nacionales acompañando los procesos populares.
Muy distinto a la aplicación del modelo que Mauricio Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich instauraron en las fuerzas de seguridad como una doctrina represiva y asesina. Dicha doctrina legitimó la violencia institucional y fundamentó el vaciamiento de las políticas de derechos humanos que desde el Estado se estaban implementando, por ello hablamos de reconstrucción de nuestra patria y creemos que ello no es posible sin los pilares de memoria, verdad y justicia.
A 44 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 queremos volver a tener un gobierno, municipal, provincial y nacional, que ponga en el centro de sus políticas a los derechos humanos, como ocurrió durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que garantice el funcionamiento de las áreas destinadas la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad, en el acompañamiento a las víctimas y testigos que le ponen el cuerpo nuevamente al horror cada vez que se sientan en los estrados judiciales, al sostenimiento de las querellas.
Queremos un país con los genocidas condenados y en cárcel común, donde no haya impunidad, por eso, entendemos que los juicios por delitos de lesa humanidad deben avanzar con mayor celeridad, y que exista un real apoyo a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de las y los 30.000, así como también a la restitución de la identidad de nuestros hermanos y hermanas apropiados.
Que se sigan creando Espacios de Memoria, y que se sostengan con políticas y recursos los que ya existen. Seguimos exigiendo el total acceso a los registros públicos de los crímenes acontecidos durante el terrorismo de Estado, promoviendo la creación de archivos por la memoria, y programas de promoción de derechos humanos en educación y memoria, porque en el país que queremos no hay lugar para la teoría de los dos demonios ni para el negacionismo.
Por eso le exigimos al Gobernador Gustavo Bordet,que en esta nueva gestión implemente políticas de derechos humanos que contemplen la promoción y la protección efectiva de nuestros derechos. Porque lamentablemente, en estos cuatro años también vimos como en la provincia se vació de contenido a las áreas que tienen esta función, por primera vez en diez años no se realizó, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, el programa Jóvenes x la Memoria, una propuesta que congregaba a más de 500 estudiantes de toda la provincia en torno a la problemática de los derechos humanos. Tampoco se pudieron llevar a cabo ni Teatro x la Identidad, ni Música x la Identidad, propuestas culturales que tienen el objetivo de encontrar a las más de 300 personas que fueron apropiadas por los genocidas y que aún desconocen su verdadero origen biológico.
Por esto decimos que es sumamente necesario que la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Registro Único de la Verdad, el organismo específico que se encarga de la búsqueda de los nietos y nietas, así como de los restos óseos y del funcionamiento del archivo provincial de la memoria, sean robustecidos.
A pesar de los distintos intentos fallidos del gobierno de Cambiemos, las causas por delitos de lesa humanidad, lejos de culminar siguieron su curso, fundamentalmente impulsadas por víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos.
Es así que en nuestra provincia la mayoría de las sentencias de condenas se dieron en estos últimos años. A saber, obtuvimos sentencia en la causa Área Paraná, que abarcó a la mayor cantidad de víctimas de nuestra provincia y en donde se puso en evidencia que la complicidad con la Dictadura genocida también existió desde poder judicial, allí se condenó a Appiani, Moyano, Demonte, Appelhans, Rivas, Obaid y Bidinost. También logramos la condena del policía provincial Atilio Céparo en dos oportunidades por los secuestros y torturas a las que fueron sometidas distintas mujeres y en donde se puso de relieve la necesidad de una perspectiva de género sobre estos hechos atroces. Obtuvimos sentencia condenatoria contra el policía federal Darío Mazzaferri y el médico militar Jorge Capellino.
Luego de 42 años logramos sentencia en la “causa PC” en Concepción del Uruguay que condenó al ex policía federal Julio César Rodríguez “El Moscardón” y en la cual se identificó un centro clandestino de detención y tortura que funcionó en esa ciudad. Y volvemos a recordar la condena por el robo de bebés a los médicos dueños del Instituto Privado de Pediatría, Miguel Alberto Torrealday, Jorge Eduardo Rossi y David Vainstub. Volvemos a gritar bien fuerte a dónde está el Melli Valenzuela Negro? ¿Dónde están los casi 400 nietos y nietas que aún nos faltan encontrar? Es un nuevo año en donde nos seguimos preguntando ¿Dónde están los restos óseos de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos?
Con una dilación inexplicable por parte del poder judicial, seguimos esperando sentencia en la Causa Área Paraná II – en donde se investiga, entre otros 21 casos, la desaparición de Jorge Emilio Papetti-, También esperamos avances en la causa conocida como “Carvallo” en la cual su único imputado se mantuvo prófugo de la justicia por casi cinco años.
En nuestra provincia han habido avances, pero seguimos insistiendo en la calle y en las oficinas judiciales que es necesario investigar de manera global para poder comprender la criminalidad de los hechos que se cometieron en nuestra provincia y poder dar con todos sus responsables. No podemos seguir teniendo juicios de un imputado sólo por una víctima. No son hechos aislados. Son delitos de lesa humanidad, de genocidio cometidos sistemáticamente desde el mismo Estado.
Y debemos estar alertas para que ésta pandemia no sea la excusa perfecta para que los genocidas detenidos en cárceles comunes sean beneficiados extraordinariamente con la prisión domiciliaria de manera automática por la justicia federal.
Seguimos reclamando que existan medidas urgentes para frenar la violencia institucional en nuestra provincia, principal legado de la Dictadura en las Fuerzas de Seguridad, y lo seguiremos haciendo hasta que consigamos una policía basada en principios de seguridad democrática que respete la vida, porque no queremos más torturas ni vidas interrumpidas por una bala policial, muertes que se podrían haber evitado si contáramos con la decisión política gubernamental de transformar la matriz represiva de las Fuerzas.
Traemos con memoria los nombres y las historias de los pibes que fueron asesinados y desaparecidos por la Policía de Entre Ríos. Recordamos a Totín Pérez, el primer desaparecido en democracia del que se tiene conocimiento en Paraná, ocurrido en marzo del 1994 cuyo cuerpo fue hallado en la zona de las piedras con inequívocas señales de que había sido ejecutado.
Recordamos, a Héctor Gómez y a Martín Basualdo, vistos por última vez en junio de 1994 a manos de la Policía de Entre Ríos y llevados a la comisaría quinta de Paraná, desde ahí, 26 años después seguimos buscando sus restos y exigiendo justicia. El mismo destino fue para Elías Gorosito, desaparecido el 13 de febrero del 2002, a manos también de la comisaría quinta de Paraná. 18 años después los familiares siguen exigiendo que le entreguen su cuerpo.
También recordamos pidiendo justicia por los 39 caídos en todo el país bajo las balas policiales, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.Casi todos, crímenes impunes y entre ellos,los asesinados en Paraná, Eloísa Paniagua de 13 años; Romina Iturain de 15;el compañero miilitante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodriguez de 25 años y nuestro comprovinciano caído en Rosario, Claudio “Pocho” Lepratti.
Pensamos en Victor Balbuena, cuyo cuerpo apareció sin vida el 13 de julio de 2003 después de haber sido secuestrado, torturado y asesinado por la policía de Entre Ríos, en sus amigos Fabián Alem, Horacio Rodríguez y Claudio Morales que sufrieron las mismas torturas, lograron sobrevivir y valientemente denunciaron a los policías.
Recordamos a Sebastián Briozzi, que con 20 años fue asesinado de un disparo policial en la nuca un 25 de septiembre de 2016 en Concordia.
También a Gabriel Gusmán de 19 años, que fue asesinado el 25 de septiembre del año 2018 por una bala policial y que a un año y seis meses de su asesinato, los efectivos involucrados ni siquiera han sido indagados y la causa está plagada de irregularidades que sucedieron desde el momento de la recolección de las pruebas y los posteriores pasos administrativos donde múltiples involucrados cometieron diferentes acciones en pos del encubrimiento del hecho y del accionar de las fuerzas policiales. Su familia aún espera por justicia.
A Miguel Varela, de 31 años, asesinado el 8 de septiembre de 2019 en Concordia. Y recordamos a Iván Pérez, asesinado el 9 de octubre de 2019 en Gualeguaychú, de un balazo en la nuca que le propinara un funcionario policial.
Es deber del Estado amparar a todos sus ciudadanos y agilizar los mecanismos para que los familiares de estos pibes obtengan justicia. Porque a pesar de que sus hijos han sido arrebatados por responsabilidad de sus funcionarios, al igual que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y los y las sobrevivientes del terrorismo de estado, los familiares de estos pibes nunca eligieron la venganza, sino que eligen seguir creyendo en un estado de derecho y al que legítimamente le exigen que se haga justicia. Sabemos que estos casos no son los únicos, tenemos la lamentable certeza que no serán los únicos porque la violencia institucional que venimos denunciando en nuestra provincia viene creciendo y es responsabilidad del Estado llevar a cabo políticas que prevengan y sancionen estas conductas.
El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, debe comprometerse los principios democráticos de seguridad, debe sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de nuestras fuerzas de seguridad.
Ante la situación crítica de nuestras cárceles y la alta burocratización de la atención de las personas privadas de su libertad, no existe en el Ejecutivo Provincial ningún Programa, Dirección o Área que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional que se centre en la protección de derechos y en la prevención de estos delitos. Justamente, esta ausencia estatal es la que posibilita que sigamos lamentando vidas a causa del gatillo fácil, por mencionar las consecuencias más extremas.
Es necesaria la atención y seguimiento de los casos en donde esté involucrado algún funcionario de las fuerzas de seguridad, así como el acompañamiento a la víctima o sus familiares por un equipo de trabajadores idóneos, que aborden de manera interdisciplinaria estas situaciones.
Desde los organismos de derechos humanos hemos propuesto al Gobernador a través de su Ministra de Gobierno, Rosario Romero, por ser la máxima autoridad responsable del accionar de la policía de Entre Ríos, la confección de protocolos de actuación para nuestras fuerzas de seguridad, a través de mesas de trabajo que involucren a todos los actores pertinentes y a las organizaciones de la sociedad civil que abordan estas situaciones. La única respuesta oficial que tuvimos fue el impulso de un proyecto de ley que obstruye la efectiva implementación del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes. Ya que en pleno proceso de selección de los postulantes para integrar el Mecanismo, fue presentado por el Diputado provincial Navarro un proyecto para desfinanciar el ente recientemente creado por ley.

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos, insistimos que no queremos llorar más muertos por las balas que el Estado pone en las manos de funcionarios policiales. Queremos que respeten nuestros derechos humanos, que son los mismos para todos y todas, sin importar si llevamos o no una gorra cubriendo nuestras cabezas. Queremos la derogación de la inconstitucional Ley de Contravenciones N° 3.815.
Por eso decimos basta de gatillo fácil. Basta de pseudo doctrinas que dan permiso a las Fuerzas de Seguridad para disparar a matar y después preguntar qué pasó. Basta de la represión y la violencia institucional que se ejercen siempre contra los mismos: los pibes de los barrios populares a los que quieren condenar a la exclusión y la marginalidad. Y basta de silencio frente a estos hechos.
Decimos basta de discriminación y estigmatización. Nadie es culpable de un delito mientras no sea juzgado de acuerdo a la ley y con todas las garantías. No nos condena un policía. No nos condena un patrullero rondando intimidante. No nos condena nuestra visera, ni nuestro color de piel, ni la música que escuchamos, ni nuestro barrio ni nuestras necesidades.
Insistimos que es deber del Estado garantizar nuestros derechos, las políticas que se piensan y proyectan deben efectivamente modificar las realidades injustas que atraviesa nuestro pueblo, deben poder dar respuesta a quienes recurren a los diversos dispositivos que desde el Estado se ponen a disposición. El feminicidio de Fátima Florencia Acevedo deja en evidencia cuando esa protección no se implementa con las urgencias que las mujeres estamos atravesando. El relato de Fátima Florencia Acevedo es el relato de miles de mujeres que transitan oficinas de los diversos poderes del estado en busca de alguna protección.
Y por ello queremos denunciar que en este contexto de pandemia, también las desigualdades sociales y de género quedan expuestas brutalmente. El aislamiento social, como medida sanitaria para que no se propague el virus, a su vez nos alerta porque las mujeres en sus casas se quedan aisladas con el violento; las niñas, niños y adolescentes quedan a merced de ese familiar cercano que los abusa sexualmente, con la trágica consecuencia de los embarazos forzados y de niñas madres; las travas y transexuales se quedan aún más solas e invisibilizadas, y solo son el dato que tienen un promedio de vida de 32 años; las que portan una discapacidad, tienen urgencias específicas de sistemas de apoyo dignos que no pueden suspenderse; las mujeres en situación de abortar quedan incomunicadas porque no saben cómo circular para encontrarse con el equipo de salud que realiza la interrupción o con las socorristas; también aumenta la sobrecarga de trabajo por las tareas doméstica hay que asegurar limpieza de todos los objetos y el cuidado de la vejez y la niñez.
El neoliberalismo del gobierno de Macri aumentó la informalidad laboral de las mujeres, lesbianas, travas y trans, y hoy, por ejemplo la suspensión de las ferias barriales autogestionadas, impide que puedan resolver la urgencia de comer todos los días estando en sus casas sin poder salir a changuear.
Por eso es vital que los Derechos Humanos de las Mujeres, Lesbianas Travas y Trans formen parte de todas las Políticas de Estado y de las reivindicaciones populares.
Por eso hoy hacemos oír nuestra voz:
Al grito de NI UNA MENOS para que haya Justicia para todos los casos de feminicidios y travesticidios. Basta de justicia patriarcal. Nos urge la sanción de la Ley de Emergencia por violencia de género en la Nación y la Provincia y de políticas y presupuesto efectivo para prevención la violencia contra las mujeres.
Al reclamo de cuidar de verdad a niñas, niños y adolescentes combatiendo y denunciando a los abusadores sexuales, dejando de naturalizar los embarazos forzados, y de idealizar a las niñas madres. Al reclamo de aborto legal seguro y gratuito, para que se cumpla con la ley vigente Art. 86 del Código Penal: interrupción legal del embarazo por causales, y se sancione la ley para la interrupción voluntaria de embarazo.
Al pedido que en todas las escuelas se cumpla con el derecho a la educación sexual integral, porque habilita espacios de diálogo para las infancias y adolescencias donde el conocimiento científico sobre sexualidades, identidad de género y orientación sexual educa en la asertividad para la toma de decisiones.
Al pedido del cupo laboral trava trans, porque la única esperanza de mejorar sus vidas es con empleo formal, registrado, para desterrar la transfobia de la sociedad. Por eso, exigimos el cumplimiento de la ordenanza decupo laboral trava-trans en el municipio y la reincorporación de les compañeresdespedides en octubre pasado.
Al pedido de cupo laboral para las personas con discapacidad y cumplimiento de las obras sociales de las prestaciones básicas para una vida digna.
Al pedido de medidas económicas que contemplen y reviertan la informalidad de trabajos que realizan las mujeres en la economía popular, para que incida también en la redistribución las tareas de cuidados al interior de las familias. Queremos políticas reales para las realidades diversas.
Bregamos por la redistribución de la riqueza que construya mayores niveles de igualdad en nuestra sociedad y para ello es necesario afectar los intereses concentrados que se creen dueños de nuestro país. Nos unimos al reclamo histórico de pequeños y medianos productores y economías regionales, hay sectores de la oligarquía terrateniente, vinculados a la mesa de enlace, que intentan confundir al pueblo en general y a los productores en particular. Por eso decimos el campo no es todo lo mismo y seguiremos peleando porque la tierra sea para quien la trabaja.
Es la misma oligarquía que se apropió de la tierra sobre la base del genocidio que implicó la campaña del desierto, y es la misma oligarquía que cuando veía sus intereses peligrar salían a golpear las puertas de los cuarteles: Es la misma oligarquía que históricamente se ha beneficiado del modelo agroexportador y hoy se apoya en los agronegocios
Este modelo industrial promueve el avance desmedido de aplicación de sustancias tóxicas, bajo un nuevo genocidio bajo la modalidad silenciosa (ecocidio), patrocinada por el modelo agroindustrial y promovida por Monsanto, la Bolsa de Cereales, la Sociedad Rural Argentina, entre otras.
Exigimos la transición urgente y necesaria hacia un modelo de producción agroecológico basado en la obtención de alimentos sanos y culturalmente apropiados, y en el cuidado de la biodiversidad de nuestra tierra. Este modelos químicos de agricultura extractivista arremete con nuestros suelos, tornándose improductivos para las generaciones futuras, depredando los últimos espacios de montes nativos y de biodiversidad en nuestros territorios. La producción de alimentos sanos y nutritivos es una obligación en materia de derechos humanos que viene de la propia Constitución Nacional.
Por eso, rechazamos enfáticamente el retroceso en la protección de derechos humanos fundamentales que implicó en nuestra provincia el fallo judicial emitido por el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Ya que permite fumigar a tan solo 150 metros de escuelas rurales y habilita la liberación de venenos que enferman a nuestros gurises y docentes, constituyendo una verdadera concesión ante las presiones del lobby sojero por parte del Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el Gobernador Gustavo Bordet. Por eso decimos basta de agronegocio!
Hoy se cumplen 44 años de aquel nefasto Golpe de Estado que instauraba en la sociedad un plan basado en el terror, la desaparición, el silencio, la muerte y el miedo. Ha pasado mucho agua bajo el puente y hemos logrado consolidar el sistema democrático en nuestro país, reafirmando los valores de la participación, el compromiso social y la solidaridad. Pero aún nos falta mucho por hacer.
Hoy atravesamos un momento muy difícil en el que se pone en juego qué clase de sociedad seguiremos construyendo. Como movimiento de Derechos Humanos compartimos y sostenemos la necesidad del aislamiento social y la cuarentena obligatoria como forma prioritaria de prevención ante la pandemia que atravesamos, pero de ningún modo permitiremos que las fuerzas de seguridad le impriman un sesgo represivo a las medidas preventivas ni que esta situación legitime la violación a los derechos humanos de los argentinos y argentinas.
Esta pandemia que presenciamos es la oportunidad de demostrar que no hemos sido formateados culturalmente por el individualismo neoliberal y que los valores de solidaridad y compromiso político y social que pregonaron los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas están más vivos que nunca.
Por eso levantamos la voz para gritar que somos un pueblo con memoria y que, junto a las Madres y a las Abuelas, seguiremos dando pelea por la Patria que soñaron los 30.000.
30.000 compañeros desaparecidos PRESENTE! AHORA Y SIEMPRE!

MULTISECTORIAL DE DERECHOS HUMANOS – PARANÁ

AFADER (Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos).
La Solapa.
Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Regional Paraná.
Agrupación Luche y Vuelve.
CTA autónoma Entre Ríos.
ATE Entre Ríos
La Jauretche.
Secretaria de DDHH CTA Trabajadores Paraná.
Partido Solidario de Paraná.
Agrupación Pablo Freire.
Agmer de E. R
Área de DDHH. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN – UADER
PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo).
PCR (Partido Comunista Revolucionario).
Movimiento Evita.
Corriente Peronista Descamisados de Entre Ríos.
Asociación civil Teatro del Bardo.
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista).
JCR (Juventud Comunista Revolucionaria).
Foro Ecologista de Paraná.
Partido Comunista.
Federación Juvenil Comunista.
CCC (Corriente Clasista Combativa).
Frente Patria Grande.
Mala Junta Entre Ríos.
Insurgentes (Secundaries de la Patria Grande).
Corriente Nacional Mella Feminista y Popular.
U.A.D.E.R. Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Comisión Vecinal Florida.
Club Atlético Fournier.
Partido Comunista.
Federación Juvenil Comunista.
Corriente Nacional Lohana Berkins.
Mujeres Tramando.
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales UADER.
Área Memorias y DDHH FHAYCS UADER.
Colectivo Universidad Pública Memoria y Emancipación FHAYCS UADER.
I.N.E.S.I
AGMER Seccional Paraná.
Agrupación Rojo y Negro de AGMER.
Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
La Cámpora
Partido comunista congreso extraordinario.
Secretaria de DDHH de CTA Entre Ríos.
Secretaria de Juventud CTA Entre Ríos.
Fup (Frente Universitario Popular).
Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social.
MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos
Juventud de Mujeres Dirigentes Entrerrianas.
Frente Unidad- FTS
Agrupación La Duarte

El documento se puede escuchar en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1fUrvRWB7bHKnqQJwgBuZH_uy-EoN7SFc/view
Producción de Radio Comunitaria Barriletes