La decisión del Consejo General de Educación (CGE) de ajustar un poco más la política sancionatoria sobre el derecho de huelga que aplicó de modo severo el exgobernador Sergio Urribarri, encuentra más rechazo que adhesión.
El 4 de este mes, Educación dictó la resolución Nº 2.566 por la que “amplió” facultades que ya estaban contenidas en la disposición Nº 2.565, del 3 de julio de 2008, norma que puso en vigencia el Manual de funciones para directivos de escuelas, entre las cuales incluyó la imposición de informar qué docentes se adhieren a las medidas de fuerza, de modo de poder aplicar los descuentos salariales.
La política fue en los últimos años, y continúa en la gestión de José Luis Panozzo al frente del CGE, día no trabajado, día que no se paga.
La nueva resolución amplió aquella directiva, incorporando en el apartado referido a los informes sobre “novedades docentes”, y entre las funciones del personal directivo de las escuelas, el de “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento”, a través del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). La normativa fija que “todo el equipo directivo deberá cargar la asistencia diaria del personal de su establecimiento educativo”.
Y ante su incumplimiento desde Educación comenzaron a presionar con sanciones a los directores de escuelas que se mostrasen renuentes.
Esta semana, un grupo de directivos del departamento Paraná emitió una declaración en la que rechazaron asumir el rol en el que el CGE los pretende ubicar: señalar a los docentes que hagan medidas de fuerza.
“La inmediata derogación de ambas normas, por improcedentes y por adolecer de vicios que justifican su nulidad. Sobre todo, la 2566 es anticonstitucional.Ambas normativas son funcionales al ajuste y pretenden frenar la lucha que emprendemos por salario, por presupuesto educativo, por condiciones edilicias y de infraestructura, por una escuela pública al servicio del pueblo entrerriano”, afirmaron.
También dos vocales del Tribunal de Disciplina, Cristela Arellano y Edgardo Ríos, de la Agrupación Rojo y Negro, expresaron el “categórico rechazo ante la avanzada sobre nuestros derechos”
“Por eso declaramos que, en caso de que el presidente de CGE se atreva a avanzar en la persecución a través de medidas disciplinaria, daremos las discusiones en el seno del cuerpo que sean necesarias para sostener que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Desde luego que no avalaremos con la firma ninguna sanción persecutoria, pero tampoco lo haremos con el silencio ni dentro del cuerpo ni hacia la opinión pública, en caso de que la avanzada recrudezca”, plantearon.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.