Por Carlos Andújar * y Miguel Andrés Brenner **

“Las altas tasas de ausentismo docente en toda la región de América Latina y el Caribe y las observaciones de clases que indican que los profesores a menudo están muy poco preparados para usar los tiempos en el aula de forma eficaz son muestra de que las presiones que sienten los docentes para actuar de manera responsable suelen ser muy débiles. Entre las estrategias para reforzar la rendición de cuentas se incluyen medidas para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes (padres y estudiantes) para supervisar o evaluar a los profesores.”

El párrafo precedente forma parte de las conclusiones del documento del Banco Mundial “Profesores Excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe” de 2015, escrito por los economistas Bárbara Bruns y Javier Luque. Este sería un dato de color, una mancha más del tigre, sobre cómo piensan los economistas del Banco Mundial a la educación, si no fuese porque el documento forma parte de los fundamentos del llamado Plan Maestro que la Alianza Cambiemos quiere transformar en ley (la cita en el Plan dice “Bruns y otros, 2015”). Las “reformas educativas” que se vienen dando en la región presentan una apariencia con centro en lo pedagógico, aunque en última instancia constituyen reformas administrativas, burocráticas y laborales en el espíritu de la precarización o flexibilización de todo tipo de empleo.

Recomendaciones

Ni las “recomendaciones” educativas del Banco Mundial, ni su visión neoliberal sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, pueden ser una sorpresa. Desde los primeros préstamos al sector en la década del sesenta y fundamentalmente durante la década del noventa, el Banco Mundial instó a los gobiernos a adoptar una lógica economicista de la educación en la que los criterios de eficiencia, productividad y costos debían regir la estructura de los sistemas educativos. La misma debía ser llevada a cabo a través de procesos crecientes de descentralización, mayor participación de las familias, las ONG y el sector privado y la responsabilización de las instituciones educativas por los “resultados” en función a estándares de “calidad educativa” bajo el supuesto que la mayor competencia (privada y pública) genera un aumento de la calidad de los servicios. La Ley de transferencia de los servicios educativos (1992) y la Ley Federal de Educación (1993) dan cuenta de dicha avanzada y de la utopía neoliberal por mercantilizar y privatizar todos los espacios.

En referencia al mercado de trabajo, el Banco Mundial retoma la bandera de la desregulación, ya esgrimida por Hayek en 1944, afirmando en su informe de 1995 que “por los obstáculos que pone en la creación de empleos, una reglamentación de seguridad del empleo muy rígida se arriesga a proteger sólo a aquellos que tienen un empleo asalariado, a expensas de los excluidos, los desempleados y los trabajadores del sector informal, así como los del sector rural”. Su claridad exime de comentarios.

Proyecto

Si bien la “buena nueva” que se anuncia ya se encuentra prefigurada en los acuerdos del Consejo Federal de Educación, específicamente en el Anexo de la Resolución 276/16 llamada “Declaración de Purmamarca” y el Anexo de la Resolución 285/16 llamada “Argentina Enseña y Aprende. Plan Estratégico Nacional 2016-2026”, el lanzamiento mediático se configuró en torno al anuncio del presidente sobre los “magros” resultados del “Operativo Aprender 2016”, justo el día anterior a que más de cuatrocientos mil docentes de todo el país (los responsables de esos magros resultados para el Banco Mundial y el gobierno) inundaran la Plaza de Mayo reclamando a una sola voz que se cumpla la ley de Financiamiento Educativo (Ley que el Plan Maestro se encarga de mencionar como cosa del pasado)

El borrador del proyecto de ley, que se dio a conocer para que “la ciudadanía opine”, deja a las universidades, los institutos de formación docente, los sindicatos, las escuelas de los diferentes niveles educativos, como “convidados de piedra”. El Plan Maestro es un plan para los maestros, sobre los maestros, no con los maestros y mucho menos de los maestros.

El Plan Maestro utiliza intencionadamente una redacción cuidada, lavada y con aparentes generalidades, cuya lectura no experta invita a sus lectores a la adhesión a enunciados tales como “en la sociedad del conocimiento, la justicia social está directamente asociada a la educación. A diferencia del pasado, ahora ya no es posible obtener un empleo digno, participar como ciudadano en forma reflexiva y construir nuestra identidad personal sin una educación de calidad”.

Todavía resuenan los discursos neoliberales de la década del noventa que hablaban de “revolución productiva” (cuando querían decir desindustrialización), “reforma del Estado” (cuando debía leerse pérdida de soberanía y destrucción del patrimonio estatal), “nuevas formas de contratación” (para nombrar la flexibilización y precarización laboral) o “descentralizar el sistema educativo para acercar las escuelas a las comunidades” (es decir, que cada provincia tenga la educación que pueda financiar).

Clientes

Resulta por tanto imprescindible traducir el “cambio” en educación utilizando las fuentes que en el mismo documento se mencionan. Con pretensiones de discurso neutral y universalista, dice el Plan Maestro: “El desempeño profesional de los docentes constituye un factor clave para la mejora de la calidad educativa. La experiencia internacional muestra que la calidad de la educación de un país se define por la calidad de sus maestros y profesores (…) Desde hace años, la evidencia ha venido demostrando que la calidad de los aprendizajes está fuertemente condicionada por la calidad de la enseñanza y de la gestión escolar, una vez despejadas las variables socioeconómicas. En este sentido, se suele sostener que un estudiante es tan bueno como lo es su maestro”.

Los economistas “expertos en educación” del Banco Mundial, citados en el Plan Maestro, aclaran, sin eufemismos, qué es lo que recomiendan hacer con ese “factor clave”: “Hasta la fecha existe poca evidencia de investigaciones sobre alguna de estas estrategias, excepto el empoderamiento de los clientes: en algunos contextos, las formas más “sólidas” de gestión basada en las escuelas, en las que los padres y los miembros de la comunidad podían opinar sobre la contratación y el despido del personal de la escuela, han logrado reducir el ausentismo docente y aumentar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Despidos

En lo que respecta a estabilidad laboral, las nuevas reformas de Chile, Perú, Ecuador y una reforma anterior de Colombia han establecido una vía para desvincular de la profesión a los docentes con un desempeño insatisfactorio continuo. Aunque potencialmente es muy importante, la cantidad de profesores despedidos hasta la fecha en estos países ha sido mínima. Esto contrasta con la práctica habitual de Singapur, donde todos los docentes se evalúan periódicamente y se adoptan medidas en forma regular para aconsejar al 5 por ciento de peor desempeño que abandone la profesión, y también con la práctica de la ciudad de Washington, donde el 33 por ciento del cuerpo docente fue despedido o se retiró voluntariamente en los primeros cuatro años desde la introducción del sistema de evaluación docente. “El mejoramiento radical de la profesión docente en América Latina y el Caribe requerirá medidas mucho más agresivas para descartar a los profesores de peor desempeño en forma sistemática”, proponen.

El Banco Mundial no escatima esfuerzos e incluso hace recomendaciones a los gobiernos sobre la implementación. “El impulso a favor de las reformas es mayor si se introducen al comienzo de un nuevo Gobierno. En la mayoría de los casos, el proceso es conflictivo y los sindicatos demuestran gran interés en extenderlo más de lo necesario. Si los líderes avanzan rápidamente, aprovecharán su punto de máxima influencia política y establecerán la educación como tema prioritario”, recomiendan.

Flexibilización

Mientras el colectivo docente sigue luchando para que se respete la ley y se convoque a una paritaria nacional, los paladines del “diálogo y el compromiso por la educación” preparan, en soledad, una reforma educativa laboral.

Las pretensiones privatizadoras de la década de los noventa, llevadas adelante a través de la descentralización y desfinanciamiento, se profundizan en la actual restauración neoliberal a través del intento de una reforma laboral que precariza y flexibiliza (neologismo que quiere significar pérdida de derechos) el trabajo docente. Asimismo, y “por el mismo precio”, se busca mercantilizar espacios públicos mediante la creación de un mercado muy rentable en la que “nuevos” actores privados prestarán servicios educativos, por un lado, en torno al diseño, implementación y síntesis de las evaluaciones estandarizadas sobre el desempeño docente, y por el otro brindando una oferta de cursos y capacitaciones que permitan a las y los docentes, que “se esfuercen y lo merezcan”, aprobar con éxito el examen.

La educación es una variable dependiente del sistema social en la que está inserta y no se pueden “despejar” las variables socioeconómicas porque son parte constitutivas del propio proceso educativo y, principalmente, objeto de reflexión, crítica y transformación de una educación y praxis liberadora. A decir verdad, no toda educación es buena para el pueblo, sólo lo es aquella que libera.

* Docente ISFD N° 41 UNLZ FCS. Colectivo Educativo Manuel Ugarte.

** Docente ISFD N° 41 y 35. Investigador FFyL UBA.