El ataque a las escuelas Baxada y Esparza de Paraná, es un ataque a sus comunidades educativas.

Desde la seccional Paraná “Susana Peta Acevedo”, repudiamos los sucesivos robos y vandalismos padecidos por las escuela “De La Baxada del Paraná” e “Intendente Juan Carlos Esparza”, el pasado fin de semana del 13 de julio, al tiempo que nos solidarizamos con sus comunidades educativas, integrada por docentes, no docentes, estudiantes y familias que desde hace años pelean por conseguir condiciones edilicias dignas que garanticen el derecho a la educación.

Exigimos la pronta respuesta del Consejo General de Educación para que reponga los bienes sustraídos y vandalizados, y la intervención de los organismos competentes para que aborden este complejo problema junto a las comunidades educativas, con el objetivo de evitar nuevos ataques.

Asimismo entendemos que estos hechos son el resultados de las políticas llevadas adelante por los distintos gobiernos que en estas últimas décadas han violentado la escuela pública de manera sistemática, atacando no solo al conjunto de los trabajadores de la educación sino también a los niños y jóvenes que allí asisten, degradando la función social que esta constituye. Políticas que encuentran su correlato en las campañas encabezadas por los medios masivos de comunicación, donde permanentemente accionan contra la educación pública con el claro propósito de menoscabar el lugar trascendental que ocupan para el conjunto social, y en particular para los sectores populares, a los que no les queda más remedio que “caer en la escuela pública”.

A su vez, estas campañas de desprestigio van acompañadas por políticas de individuación y fragmentación social, consistentes en separar a los sujetos de los vínculos históricos que supieron construir con instituciones como clubes, escuelas, sindicatos, vecinales, entre otras, que durante décadas nos acompañaron en la conformación de nuestras identidades.

Las personas veíamos esas instituciones como propias, eran “nuestro segundo hogar”, nos unía la pertenencia a su vida diaria. En estas se han formado generaciones enteras, fue un punto de encuentro para las familias, y sobre todo, supo generar espacios de socialización entre los jóvenes.

Estos son justamente los más afectados, los que permanentemente son señalados como la “clase peligrosa”, y a los que las políticas penales persiguen y encierran.

Sin propuestas que los incluya ni les permita construir un proyecto de vida, se constituyen en los destinatarios de los narcos, quienes les ofrecen como futuro, el consumo del paco, pasta base y residuos de drogas baratas que en todos los casos se traduce en un presente efímero, sin proyectos para ningún mañana. Así, el camino que se les plantea es el terminar siendo parte de la superpoblación carcelaria, y el de la muerte prematura.

En este sentido, no es de extrañar que el ataque se posicione sobre la escuela, una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, tanto para la familia como para los jóvenes. Ataques doblemente nocivos porque se dirigen a los sectores populares. Contra los mismos que desde hace décadas actúan las políticas de los distintos gobiernos. Ejemplo de esto es la desigualdad creciente entre los que menos tienen y los que más ganan, volviéndonos una de las sociedades más injustas de la región.

En este complejo escenario, desde hace años venimos señalando que es imprescindible un cambio de políticas del gobierno en relación a la escuela pública en particular, y a las instituciones antes mencionadas en general, cuya expresión debe manifestarse como primera medida en el aumento de las partidas presupuestarias.

Entendemos que la educación se realiza en contextos materiales y simbólicos determinados. Cuando las condiciones sociales están signadas por la exclusión material y simbólica, el proceso educativo se vuelve incierto. En consecuencia, decir que lo que necesita la sociedad es mejor educación, al tiempo que se empuja al conjunto de la población a la pobreza, es parte de las políticas de fragmentación social señaladas anteriormente. La vulneración de los derechos educativos comienza por la vulneración de los derechos materiales de vida. Donde la pobreza crece, las posibilidades de acceso a la educación se erosionan. Es por ello que no alcanza solo con discursos ni con expresiones de deseo, sin políticas que devuelvan el trabajo digno al centro de la escena, con hogares bajo la línea de la pobreza y la indigencia, y con crecimiento de la desigualdad, la preocupación por la educación es la manifestación hipócrita de la política actual.

En este sentido, tal como lo venimos denunciando, las políticas esgrimidas por los gobiernos de Macri y Bordet van en la dirección contraria a los intereses populares. Parte de esto se evidencia en la creciente inflación, el achicamiento del Estado, la reforma fiscal y previsional, cuyas consecuencias se ven manifestadas en un mayor empobrecimiento de los sectores populares como producto de la pérdida del poder adquisitivo y la desocupación creciente.

Cuando denunciamos estos hechos, tenemos claro que los que roban, aun siendo delincuentes, son la expresión de las políticas de la desigualdad, destinadas a erosionar las conquistas de nuestros derechos como trabajadores.

Conscientes de que ningún gurí nace delincuente, entendemos que el modo de revertirlo es con políticas que los y nos incluyan. Y que desde nuestro lugar como trabajadores de la educación, el camino para conquistar esas políticas es dar la pelea dentro de las aulas y afuera, en la calles. Porque la única pelea que se pierde es la que se abandona.

Junta Ejecutiva. Agmer Seccional Paraná Susana «Peta» Acevedo