A los sueldos docentes más bajos del país y los permanentes problemas de infraestructura y transporte que afectan el normal desarrollo de clases en las escuelas de la provincia, hay que sumarle que maestros y profesores entrerrianos deben destinar parte de su sueldo a costear los gastos por traslado cuando trabajan fuera de su localidad de residencia o, en el caso de los supervisores, recorrer los establecimientos educativos que les están asignados para el ejercicio de sus funciones.

Según el decreto 2309/92 del Ministerio de Gobierno los docentes que trabajen en un establecimiento educativo fuera de su ciudad de residencia podrán acceder a la compensación por gastos de traslado siempre y cuando la distancia entre ambas localidades supere los siete kilómetros y no exista una línea de colectivos que cubra el recorrido. Esto significa que un docente que viaja todos los días entre Paraná y Diamante, para tomar un caso, debe destinar mensualmente 1.120 pesos de su salario a cubrir los gastos de transporte y aún viajando con menor frecuencia debe hacer el desembolso sin ningún tipo de devolución, ya que hay líneas de colectivo que prestan el servicio a un costo de 26 pesos por viaje.

De todas maneras, considerando que el límite a cubrir por día reconocido para la compensación es de 60 kilómetros (ida y vuelta), un educador que debe recorrer esa distancia gastaría un promedio de 6 litros de nafta diarios y unos 120 mensuales. Con el precio más bajo de la nafta súper (12,45 pesos en YPF), su erogación llega a 1494 pesos por mes, muy por encima de los 1.174,5 de tope reconocidos oficialmente, según el monto establecido en el último acuerdo paritario. Igualmente, en caso de viajar dos o tres días, el monto a percibir sería proporcional, en este caso el 40 o el 60 por ciento del monto máximo.

El caso de los supervisores
Una situación similar es la que tienen que afrontar los supervisores de escuela, que si bien no tienen día y horario fijo para visitar los establecimientos educativos, el cumplimiento de sus tareas los obliga a viajar permanentemente.

Los supervisores tienen una función técnico-pedagógica, debiendo garantizar que en toda institución exista la documentación que el Consejo General de Educación exige como órgano burocrático. Deben llevar un control acerca de la documentación, registros institucionales, de alumnos, carga de asistencias e inasistencias del personal que trabaja en la escuela y, por otro lado, el asesoramiento, acompañamiento y verificación de que los contenidos establecidos como prioritarios se estén desarrollando.

En el departamento Federación hay cuatro supervisores para 74 escuelas primarias. Para cumplir con sus funciones, cada uno debe recorrer periódicamente un promedio de 18 escuelas, lo que en un vehículo particular suele insumir no menos de 3.000 pesos por mes y, en ocasiones, más. Sin embargo, el monto que perciben en concepto de viáticos es de 345 pesos. Esto implica, lisa y llanamente, que deben poner dinero de su bolsillo, utilizar parte de su salario, para cumplir con las funciones exigidas por el CGE.

Pese a los discursos sobre la inversión en educación y el reconocimiento de la tarea docente, la educación entrerriana sigue padeciendo las políticas que no garantizan las condiciones de infraestructura edilicia y de transporte mínimas para docentes y alumnos, necesarias para una educación de calidad y con inclusión, como suele escucharse en más de un acto de campaña.

De la Redacción de AIM (VER EN SITIO)