Con firma de los vocales políticos del CGE, Joel Spizer y Blanca Rossi y de la presidente del CGE, Claudia Valori, se emitió el 30 de noviembre una resolución que concede “Licencia Especial con goce de haberes” desde el 10 de diciembre hasta el día 31 a “los funcionarios políticos y personal docente y no docente afectado y/o adscripto” dependiente del CGE, quienes deberían finalizar su función pública el 10 de diciembre. Se trata de la Resolución 4620 del CGE.

Desde la seccional Paraná manifestamos nuestra profunda indignación ante esta medida que prolonga por 20 días más los privilegios de un funcionariado político cada vez más alejado de la realidad de la escuela pública entrerriana.

Hace apenas quince días tuvimos que responder declaraciones de la presidente del CGE, Claudia Valori, quien irresponsablemente salió a culpabilizar a nuestros compañeros con licencias por enfermedades y a responsabilizarlos por el aumento de las licencias por sobre el 8% “aprobado en el presupuesto provincial”.  No sólo eso, sino que además, ordenó a las comisiones médicas rechazar pedidos de licencia y mandar de vuelta a la escuela a compañeros con licencias prolongadas por enfermedades. Con aquellas declaraciones, Valori colocó en el lugar de sospechosos a los trabajadores en situación de enfermedad.

Sin embargo, desdiciéndose de lo que antes había despotricado, no tuvo empacho en licenciar y sostener en el cargo a unas cuantas decenas de funcionarios que desde el día 10 ya no tendrán nada que hacer en el gobierno educativo y deberían volver de inmediato a sus escuelas. Se trata de varias decenas de sueldos en toda la provincia; entre los que se encuentran unos cuantos que no han dudado en firmar órdenes de descuentos a los sueldos de los docentes que luchan.

En el mismo mes en que los docentes con más antigüedad son postergados en el cronograma de sueldos; en que se apresuraron a adelantar el cierre del ciclo lectivo y que las empresas constructoras pararon las obras en las escuelas por falta de pagos; esta resolución sólo puede provocar irritación entre los trabajadores de la educación.

Desde nuestra seccional llamamos al gobierno educativo provincial a proceder con responsabilidad y cordura y no insistir con este tipo de medidas antidemocráticas que sólo ensanchan la brecha entre “representantes” y “representados”.