Compartimos para su lectura, el documento elaborado por la intersindical en defensa del IOSPER y leído en la explanada de la Casa de Gobierno luego de la multitudinaria marcha por las calles de Paraná este miércoles 21 de mayo.

NO al proyecto de ley de disolución del IOSPER y creación de OSER
Nos encontramos hoy reunidos para denunciar la grave situación que atraviesa nuestra obra social, IOSPER, la cual se sostiene gracias a nuestros aportes personales y a las obligaciones que, como empleador, debe cumplir el gobierno provincial. Esta institución, en su esencia, representa un
sistema profundamente solidario que hoy se ve seriamente amenazado.

Nuestra obra social, sin importar el lugar en el escalafón, el sueldo mensual, ni cuántos miembros integran tu grupo familiar asegura que vos y tus hijos menores de 21 años (o 25 si están estudiando) y/o tu cónyuge (si es desocupado) tengan la misma cobertura de salud en la provincia. Esto es garantizar el acceso a la salud como un DERECHO y no como un privilegio.

En lugar de atender la imperiosa necesidad de fortalecer nuestra obra social con mayores aportes patronales y cumplir con el pago íntegro y en tiempo de los salarios, como lo establece la ley, el gobierno provincial optó por imponer interventores de forma arbitraria que no hicieron más que profundizar la ya delicada situación, agravada por la brutal devaluación de diciembre de 2023. A esto se agrega la incorporación de sumas en negro por parte del gobierno actual y las dos devaluaciones aplicadas por el gobierno nacional, que han golpeado de lleno las finanzas de nuestra obra social.

El 10 de diciembre del año pasado, el gobierno de Frigerio detrás de una serie de informaciones distorsionadas y falacias justificó dicha intervención y además intenta construir una falacia mayor: Que
la supuesta mala administración es justificativo suficiente para avanzar sobre toda la ley y toda la obra social.
Nos oponemos de manera categórica a esta maniobra. Si algún dirigente actuó por fuera de la ley, corresponde que el gobierno y sus funcionarios presenten las pruebas ante la Justicia, y que sea ella quien determine las responsabilidades. De lo contrario, estamos ante una clara cortina de humo, cuyo verdadero objetivo es vaciar nuestra obra social, dejarnos sin medicamentos, sin prestaciones y sin acceso a la atención médica.

Como corolario de toda esta crítica situación, la intervención de nuestra obra social se ha limitado a realizar anuncios mediáticos, mientras se acumulan amparos, demoras en la aprobación de medicamentos, en las auditorías médicas, y se agrava el deterioro de los servicios. Ya sea por negligencia, incapacidad o con plena intención, esta intervención ha provocado la caída de convenios fundamentales, como el de ópticas, el de atención con diversos prestadores, y la suspensión de prestaciones por parte de más de cien odontólogos que trabajaban con IOSPER. Desde su llegada, venimos padeciendo recortes sistemáticos de prestaciones, demoras injustificadas e inaceptables, rechazos arbitrarios de medicamentos, aumentos en los coseguros, menor cobertura en tratamientos y prestaciones esenciales, y cambios en el sistema de datos que ponen en riesgo la confidencialidad de la información de los afiliados.

Mención especial merece la situación de incertidumbre y zozobra que atraviesan los propios trabajadores de la obra social. Sometidos a una presión constante, resultado de la ineptitud de la intervención y de los cambios implementados, han visto deterioradas no solo sus condiciones laborales, sino también la calidad de los servicios que pueden brindar. Son ellos quienes, día a día, enfrentan el malestar de los afiliados, muchas veces sin poder ofrecer respuestas satisfactorias, poniendo el cuerpo y el rostro ante una demanda creciente y una conducción ausente. A esta difícil realidad se suma la casi total omisión, en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, de toda referencia al personal y a la garantía de sus derechos laborales.

La salud es un derecho humano y un bien social consagrado por la ley.

Tanto la Constitución Nacional como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecen que el Estado tiene la obligación de
garantizar, promover y facilitar el acceso a las prestaciones de salud. Se trata de un derecho fundamental que no puede ser vulnerado bajo ningún pretexto. En esa misma línea, la Constitución de la Provincia reconoce expresamente la salud como un derecho humano esencial, que el Estado debe proteger y garantizar para todos sus habitantes.

La ley 5480 y sus modificatorias, dieron forma a una herramienta fundamental de las y los trabajadores para el conjunto de los trabajadores dependientes del Estado Provincial. La creación de una obra social de carácter solidario que nos permitiera acceder a un sistema de salud siempre acosado por los intereses corporativos que buscan envilecer los derechos para transformarlos en mercancía. Al mismo tiempo, un elemental sentido de justicia, democracia y gestión social, al poner la administración de los recursos en manos de los trabajadores. El IOSPER es producto de la lucha de las y los trabajadores y de sus derechos consagrados en las múltiples normas que enumeramos.

Las cosas no nacen de un repollo y tienen historia en la que nos reconocemos.

esta historia nos muestra que el IOSPER nació en la década del 50 del siglo pasado de la manos de los pioneros que fundaron la entonces “CAJA MUTUAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS” y que sobre el criterio de conducción de los propios afiliados se plasmó su constitución como órgano estatal bajo elección democrática por estamentos, que es lo que hoy se pretende destruir. Ello no significa desconocer los problemas en su gestión, sino colocar nuestros razonamientos desde nuestros derechos, nuestro lugar como trabajadores que luchan por el salario y la seguridad social, frente a otros intereses que pujan permanentemente por privatizar cada cosa que defendemos y ponerle precio vil.

Parte de esa lucha fueron los reclamos históricos por la restitución de los aportes patronales a IOSPER y la ley anti PLUS para evitar los abusos económicos en los consultorios.

Para terminar estos embates el poder ejecutivo ha venido a plantear un proyecto de ley
de una obra social a la que quiere llamar OSER:

Al respecto, lo primero que queremos decir es que rechazamos este proyecto porque ha sido realizado a espaldas de los trabajadores, que somos los verdaderos dueños de nuestra obra social.

Este proyecto de ley donde las funciones sociales y de prevención, promoción y atención de la salud son literalmente eliminadas y se pretende transformar el IOSPER en una gerenciadora privada de los amigos del poder que siempre usaron cargos del Estado, hicieron lobby contra el Estado y ahora pretender estar de todos los lados del mostrador para quedarse con una obra social que no les pertenece y despreciar los derechos de los trabajadores en función de intereses particulares.

En este proyecto se omite gravemente sobre cómo planificar, reglamentar y administrar la promoción, prevención, protección, reparación y rehabilitación de la salud de los afiliados. La actual ley de IOSPER sí lo contempla y es lo que obliga a la obra social a cumplir sus funciones sociales más estratégicas. Por el contrario este proyecto se limita a hablar de “prestaciones asistenciales” y da lugar a la intervención de terceros, es decir, avanzar en la privatización directa o indirecta del derecho a la salud de las y los trabajadores de la provincia.

Esta decisión del gobierno provincial, en sintonía con un esquema general de recorte de derechos, pone el foco más en gerenciar, auditar y ajustar la disponibilidad presupuestaria que en garantizar el derecho a la salud. Prueba de ello es la reducción del presupuesto destinado al funcionamiento de la obra social, que pasa del 12% al 10%, sin explicar con claridad en qué áreas o sobre quiénes recaerán esos recortes. A esto se suma la relativización de la cobertura para los grupos familiares y la incorporación, entre las atribuciones del nuevo Directorio, de la potestad de anular programas y servicios específicos de atención sanitaria, basándose en criterios tan ambiguos como ‘la evolución del contexto sanitario provincial’.

Del mismo modo, se trata de establecer un esquema donde la obra social pertenezca enteramente el gobernador, reduciendo al mínimo la participación de los trabajadores y asegurarse un Directorio restringido a quienes el primer mandatario nombra como presidente y vicepresidente, y una cantidad reducida de sólo dos representantes de los trabajadores de los gremios mayoritarios provinciales que excluye la mayoría de los estamentos como municipales y jubilados y como si ello fuera poco, quienes controlarían al presidente y vicepresidente de la obra social OSER, también serian puesto a dedo por el Gobernador.

Llamamos fuertemente la atención a los legisladores de la provincia, quienes en caso de levantar la mano a favor del ajuste, el recorte de derechos y la transformación de la obra social en una gerenciadora de intereses privados, o no sean claros votando en contra, se asegurarán el lugar de repudio de las trabajadoras y los trabajadores activos y jubilados, junto a sus grupos familiares, que son los principales perjudicados por una política al servicio de unos pocos, diseñadas en despachos que ni siquiera son de la provincia de Entre Ríos.

Nuestro rechazo al proyecto de ley del Gobierno Provincial de ninguna manera es caprichoso.

Es fundadamente razonado y sostenido sobre argumentos de legitimidad que hacen que tengamos que dirigirnos de esta manera a los afiliados naturales del IOSPER, a la opinión pública, al propio Gobernador y a los legisladores que tienen en sus manos la delicada misión de decidir si procederán a consumar un acto vergonzoso y arbitrario o, por el contrario, ratifican el justo principio sobre el que se ha conformado la obra social en sus inicios. Vale decir que inclusive estos fundamentos se encuentran harto discutidos y aceptados en el derecho de la seguridad social argentino, tanto que así es receptado por la propia Ley Nacional de Obras Sociales 23.660 en su artículo 12, inciso a.

De ninguna manera negamos la necesidad de cambios, por el contrario sostenemos que ellos son necesarios para poder receptar los avances de la ciencia y la tecnología en la gestión, para la ampliación de derechos, para la transparencia y democratización de la información y para el mayor control del uso y finalidad de los recursos. Recursos cuya integración no son de ninguno de los Poderes del Estado entrerriano, sino que son exclusivamente originados todos los meses en carácter de aportes y contribuciones como parte de nuestro salario que en forma diferida y continua se integran al tesoro
de la obra social.

Con los objetivos plasmados en este documento común los trabajadores anunciamos la presentación de un proyecto de ley que, en el marco de la legislación vigente, propone correcciones y mejoras y que ponemos a disposición del parlamento entrerriano. Cada mano levantada en apoyo al proyecto será una estafa a nuestra historia, a esta experiencia única que es una obra social con sentido solidario, construida y cuidada por los distintos sectores de trabajadores del estado provincial. Hoy es público en toda la provincia el negociado que pretenden sobre la caja de nuestros aportes y el beneficio que preparan para un puñado de socios del poder.

Advertimos a nuestros legisladores para que lo piensen muy bien.

No hay excusas, no pueden ser rehenes de prebendas ni carpetazos, únicamente del compromiso con el pueblo entrerriano que los votó. Tienen la oportunidad de impedir que se perpetúe el calamitoso resultado de la política que lleva adelante la actual intervención. El proyecto de OSER es para profundizar estas metodologías y agravar aún más el incumplimiento actual con el afiliado y sus familias.

Recuerden, los entrerrianos nos seguiremos encontrando en nuestros barrios y en las calles de
cada ciudad. ¿Qué explicación darán a sus vecinos si convalidan el remate de nuestra obra social?
Les pedimos que No acompañen la irresponsabilidad de un gobierno que desgasta su caudal político
aferrándose a una mentira y una estafa que con la lucha logramos poner a la luz.

Desde esta intersindical y desde nuestras organizaciones, continuaremos agrandando la unidad
necesaria y profundizando la organización para dar todas las luchas que sean necesarias para
defender los intereses de los trabajadores y jubilados entrerrianos.