La ofensiva reaccionaria del gobierno, a la que se prestó servil el juez Barbirotto, tiene como objetivo final cortar de raíz y callar las actuales y futuras luchas de los trabajadores en la provincia. El trabajo que la dictadura, el menemismo y sus continuadores no pudieron concluir, está en marcha.

Que acá nadie se confunda ni se haga el gil. Lo que está en juego en el tire y afloje entre los docentes y el gobierno (escudado detrás de sus marionetas judiciales) excede largamente lo que debería ser de interés exclusivo de maestros, profesores, trabajadores no docentes, alumnos y familiares.

El encono particularmente enfervorizado de las bases docentes y la conducción aguerrida de los referentes de la agrupación Rojo y Negro de Agmer, pueden ser o no compartidos, pero no son caprichosos. Tienen su razón de ser principal en la comprensión cabal de que se está jugando una partida clave en este ir y venir que ya tiene historia, y de que mucho de lo que vaya a pasar en los próximos años de la vida docente y gremial en Entre Ríos, se está definiendo en estos días.

Por supuesto que no queremos aquí menospreciar el lugar que ocupa la discusión salarial entre aquellos trabajadores de la educación que están entre los peores pagos del país (sí, Urribarri paga los salarios docentes más bajos del país). De su trabajo viven los maestros y sus familias, es así de simple.

De todos modos, cualquier lucha gremial pasa a ser insignificante y particular cuando lo que está en juego es la madre de todas las batallas: la posibilidad que tiene el pueblo y los trabajadores de seguir reclamando y peleando por sostener los derechos conseguidos y avanzar en nuevas reivindicaciones.

Un fallo a pedir del gobierno

La Agrupación Rojo y Negro 1º de Mayo se opuso oportunamente al levantamiento de las medidas de fuerza por orden de un juez sin competencia en lo laboral, decisión acatada por la mayoría en la conducción de Agmer, de las agrupaciones Celeste, Freire e Integración, sin convocar a un Congreso de la entidad para escuchar lo que tenían para decir al respecto las bases “representadas”. Así, luego de haber protagonizado movilizaciones de repudio en toda la provincia (de miles de docentes este martes, en Paraná), la Rojo y Negro emitió un comunicado firmado por los secretarios en minoría en la conducción provincial de AGMER que señala que “los docentes entrerrianos estamos viviendo uno de los momentos más críticos de nuestra historia como colectivo de trabajadores.”

Efectivamente, la sentencia de primera instancia que resuelve el fondo del amparo planteado por el Defensor General de la Provincia implica en los hechos la eliminación del derecho de huelga para los docentes entrerrianos. El juez Pablo Barbirotto actúa así en desconocimiento de la garantía constitucional (introducida por la reforma constitucional de 1957 en el art. 14 bis de la Constitución Nacional), por la cual el ejercicio del derecho de huelga permite procurar el reconocimiento de otros derechos.

El juez Barbirotto funda su sentencia en el acuerdo del 6 de abril pasado porque entiende que ha sido cumplido por el gobierno y debe respetarse. Desconoce que la realidad económica (inflación mediante) desde entonces se ha modificado, y que justamente el principio de cumplimiento de los acuerdos tiene como límite la alteración de sus condiciones.

Así, el juez considera que el derecho a la educación prevalece sobre el derecho de huelga. Si aceptáramos este argumento de que el derecho a la educación se ve vulnerado por 48 horas sin clases en las escuelas, podríamos preguntarnos lo mismo sobre el derecho al turismo (que con un solo feriado puente estaría, según esta lógica, negándoles el derecho a la educación a nuestros gurises). Así, ¿deberíamos iniciar un juicio político a la Presidenta de la Nación por impulsar y a los diputados y senadores nacionales por aprobar la ley que regula los feriados nacionales?

De hecho, resulta una burla plantear que el reclamo de los docentes debe realizarse pero negar a la vez el instrumento de la huelga, ya que está por demás demostrado en Entre Ríos que éste es el instrumento que indefectiblemente este sector ha necesitado para hacerse oír con gobiernos como el de Urribarri. Pocas veces las mesas de discusión salarial, o por infraestructura, comedores escolares, transporte, condiciones de salubridad en las escuelas, estabilidad laboral y demás reclamos de los docentes; se han habilitado gracias a las luchas que no incluyeron medidas de acción directa en las calles y con huelga. Las carpas en enero frente a Casa de Gobierno, las marchas de antorchas nocturnas, las asambleas radiales en pleno receso; siempre fueron útiles al colectivo docente para ganar en visibilidad, juntar y multiplicar fuerzas y sostener sus demandas; pero pocas veces el gobierno escuchó sus reclamos sin tensar y esperar hasta que las huelgas estuvieran decididas y en marcha.

Un juez veleta

El juez Pablo Barbirotto, cuyos ingresos equivalen a diez salarios mínimos docentes y están exentos de tributar el “impuesto a las ganancias” (que sí pagan trabajadores activos y jubilados que perciben ingresos mensuales mucho menores), sabe a qué jugarreta se prestó. Su experiencia como Defensor de Pobres y Menores en Paraná le permitieron conocer las peores violaciones a los derechos de los niños y las niñas (drogas, violencia, trata y prostitución). Supo estar en paneles debate donde se habló de la complicidad entre la policía y los vendedores de narcóticos en la ciudad, y escuchó sin despeinarse. Se habrá enterado de las muertes actuales por Gripe A en la provincia de Entre Ríos y no se interrogó acerca de por qué en 2009 se ordenó la suspensión de clases sin que costara vidas en la provincia y este año todo sigue como si nada, mientras en las escuelas los fondos para comprar productos de higiene y limpieza son insuficientes y llegan tarde.

De todos modos, el flamante juez Penal de Niños y Adolescentes prefiere irrumpir en la escena pública (ocupa este cargo hace poco más de un mes) demostrando que puede “mandar a los docentes a dar clases”. Hipócrita y veleta, desde su cómodo sillón en Tribunales parece haber olvidado los compromisos, las luchas y los reclamos que escuchó (y simuló entender y acompañar) cuando no hace mucho daba charlas en encuentros sindicales docentes.

Al respecto, el referido documento de la Rojo y Negro señala (y le responde) que: “…los docentes reclamamos salario sin dejar de enseñar, pues enseñamos luchando. Enseñamos sobre los abusos de poder, las contradicciones del sistema, sobre cuánto cuesta vivir y qué valor tiene nuestro salario, sobre las traiciones, las chicanas judiciales, las operaciones mediáticas, las falencias, las complicidades, etc. Y lo seguiremos haciendo, porque este fallo nos brinda más materia para ello.”

Publicado por Río Bravo el 31 de julio de 2015.