Sin salarios ni condiciones no hay presencialidad posible

El gobierno de Bordet anuncia el retorno a la presencialidad de los docentes y el personal, con su acostumbrada forma unilateral e intempestiva para el 12 de febrero. El gobierno de Fernández asegura que podemos retornar a las clases el 1 de marzo, la opinión se polariza y el enorme esfuerzo por garantizar que la pandemia no se extienda ha quedado en el olvido. Los gobiernos tanto nacional como provincial, junto a la oposición, comparten un único debate: la vuelta a clases, que opaca y diluye la situación sanitaria, los múltiples problemas de una economía en recesión, dolarizada y con una fuerte inflación que termina con el poder adquisitivo de los trabajadores, ubicándonos bajo la línea de la pobreza, frente al aumento descontrolado de precios de alimentos de primera necesidad, servicios y combustibles que hacen cada día más difícil nuestra supervivencia.
El anhelado retorno a la paritaria nacional, no significó el debate serio en materia de salario, continuó extendiendo sumas fijas en negro, que atacan la escala salarial y vulneran derechos. Es que las definiciones de política no están del lado de los trabajadores.

Ante la pandemia, quedó en evidencia la necesidad de una fuerte intervención del Estado para garantizar que no sean vulnerados los derechos laborales de los trabajadores y el derecho social a la educación.
La trayectoria pedagógica y política de ENTRE RÍOS y su lucha por el federalismo marca la historia entrerriana y la urgencia por transitar políticas públicas, que respondan a nuestras necesidades como provincia. La fragmentación de nuestro sistema educativo va a contrapelo de la necesidad de una escuela con las mismas posibilidades en todo el país. Es necesaria la inversión en políticas educativas que expresen el presupuesto y los conocimientos socialmente válidos para nuestros estudiantes. Nuestro camino de soberanía política y pedagógica, requiere el respeto a nuestra esencial autonomía para resolver y decidir sobre las necesidades particulares.
Los docentes entrerrianos reclamamos por un serio debate sobre nuestro salario. La pelea constante, es producto de la necesidad de que la política nacional, garantice que ningún trabajador de la educación esté bajo la línea de la pobreza, los docentes entrerrianos llegamos a duras penas al 50% de la canasta básica y no cubrimos las necesidades mínimas de la supervivencia, requerimos una paritaria que destine salario genuino, remunerativo y bonificable, que respete la carrera docente y no sea en sumas fijas que aplanan la escala salarial y no respetan el estado docente, garantizar a cada cual según su necesidad y cada quien según su responsabilidad. Al mismo tiempo, requerimos que el incentivo docente sea parte del salario básico en blanco, tal cual lo define el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Una política en este sentido, ayudará a resolver situaciones como la de los compañeros trabajadores de la provincia de Chubut que sufren un enorme atraso en el cobro de salario y aguinaldos, la provincia no quiso dar respuestas, es necesaria la acción del estado nacional para resolverlo.
La provincia de Entre Ríos es una de las que tienen los salarios más bajos del país. Una larga historia de espacios de debate interrumpidos, concluidos en sedes judiciales y con paritarias incumplidas por parte del gobierno provincial, desembocan en el año 2020, uno de los más difíciles y sin incremento salarial, con la negativa del gobernador Bordet a debatir seriamente un salario ya empobrecido y sin ningún auxilio con los recursos disponibles proveídos y sostenidos por nuestros esfuerzos. El año de pandemia transitó sin garantía de políticas públicas.
Como entrerrianos defendemos el sistema previsional solidario y generacional que representa parte importante del salario diferido, por eso exigimos que cada recomposición salarial sea remunerativa y bonificable, que respete la carrera docente que llegue a los jubilados y exponga una clara definición de defensa del pueblo entrerriano y de los docentes en particular.
Las condiciones laborales
El presupuesto educativo destinado por el estado debe garantizar que todas las escuelas tengan agua, sanitarios, elementos de higiene, ventilación adecuada, alcohol, barbijos para así proteger a alumnos y trabajadores de la educación, condiciones edilicias adecuadas y personal formado acorde a estas circunstancias.
Es necesario que el estado nacional intervenga ante las empresas proveedoras de servicios de Internet y telefonía para garantizar que en cada escuela y en cada barrio existan puntos de conexión Wifi con servicio gratuito. En el mismo sentido, es fundamental la provisión de equipos a cada escuela, a cada docente y estudiante; la continuidad de los referentes técnicos y programas socioeducativos que cayeron por el ajuste neoliberal o que zozobran en la precarización ante cada inicio de ciclo lectivo. La brecha tecnológica es brecha educativa y mientras se mantengan, amplias mayorías de nuestros estudiantes ven vulnerado el derecho social a la educación.

Si la política pública de prevención sanitaria es la vacunación masiva, nuestra exigencia es la intervención gubernamental para la justa distribución de la vacuna, que debe llegar a todos los trabajadores de la educación y a todos los trabajadores que se encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. La vacunación no puede estar sometida a pujas e internas donde algunos pretenden sacar mejor tajada, con la salud no se juega ni especula.

Por último, tomar definiciones apresuradas y unilaterales expone al grave riesgo de propagación del virus exponiendo la vida de los estudiantes, docentes y sus familias.
Un párrafo aparte merece la situación de nuestras escuelas rurales y la lucha por una provincia sin agrotóxicos. Lucha en la que acreditamos casi 8 años como sindicato, junto a diversas organizaciones ambientales. Frente a decretos y amparos en los últimos dos años que favorecen al agro negocio, de espaldas a las pruebas presentadas.
El último decreto provincial Nº 2239, del gobernador Bordet, ratifica distancias irrisorias para las fumigaciones, coloca a directivos y directivas de escuelas rurales en el lugar de “centinelas” de las pulverizaciones con agrotóxicos, imponiéndoles tareas ajenas a la enseñanza y la educación. Así vulneran derechos laborales y de salud de la docencia entrerriana y profundizan un modelo productivo que nos envenena.
El Consejo General de Educación aseguró que en la provincia se trabaja en un diseño institucional y pedagógico “bimodal”, con diferentes formatos de organización de clases y agrupamientos para el regreso a la presencialidad. Nosotros entendemos que cuando se hacen este tipo de propuestas de soluciones se piensa en escuelas idealizadas sin tener en cuenta la realidad de muchas instituciones que difícilmente puedan aplicarlas ampliando aún más la desigualdad social. En el año 2020 no solo que no se cumplieron con las partidas de mantenimiento y limpieza de cada escuela, sino que además abordamos el 2021 sin siquiera garantizar el agua potable en todas ellas.
Las condiciones de higiene y salubridad en las escuelas nunca estuvieron garantizadas con o sin COVID. Los insumos necesarios para el desarrollo de la tarea docente tampoco estuvieron garantizados; ni en la presencialidad, ni en la virtualidad: el docente estuvo y está obligado a destinar un porcentaje de su sueldo para asegurar que el sistema educativo funcione. Las escuelas no reciben partidas para el pago de internet ni telefonía fija o celular entre otras cosas.
La lucha por salario digno
A todo esto se le suma nuestra situación salarial. En todo el 2020 el gobierno de Bordet no llamó a paritarias salariales, sancionó la llamada ley de emergencia, subiendo aportes a los activos y creando el aporte para los jubilados, elimino el llamado 3×1, (tres años de servicios computado como uno de edad), para las jubilaciones docentes Apareció a fin de año otorgando bonos ilegales e insignificantes respecto a lo que había acontecido con la descarnada inflación que terminó de romper las magras economías familiares de los docentes.
Es por esto que la propuesta salarial que se quiera presentar deberá permitir el recupero de lo perdido durante todo el año pasado, sumarle lo perdido en el 2019 y proyectar un aumento salarial significativo que le de dignidad al trabajador de la educación. Ningún docente puede estar debajo de la línea de pobreza. La propuesta salarial no puede ser un insulto. De lo contrario se profundizará el conflicto.
Este escenario implica necesariamente que el gobierno de Bordet deje de lado sus formas y sus modos. La escuela pública necesita que, de una buena vez, los gobiernos de turno se pongan a la altura de las circunstancias y le den a ella la importancia que necesita. Las trabajadoras y los trabajadores de nuestras olvidadas escuelas sabemos de luchas. Esta no será la primera y seguramente no será la última.
El Salario docente según Bordet

La propuesta salarial del gobierno de Bordet el día 4 de febrero, consistió en:

• Un 15 % sobre los haberes provinciales del mes de septiembre, 2020, en realidad es diciembre 2019
• El 50% de la suma fija que fuera abonada en los meses de octubre, noviembre. diciembre y enero 2021 se hace remunerativa y se mantiene el otro 50% hasta abril.
• El mínimo garantizado es de $ 30.838 a partir de Mayo
  No es el 31% de aumento publicitado, el bono de 4.000 pesos se incorpora a los sueldos iniciales y a eso le aplican en 15 % es decir toman parte de dinero ya cobrado.
  Esta propuesta fue rechazada en el ámbito de la paritaria, su caracterización implica el deliberado eje en la política de Bordet hacia los trabajadores, con una marcada práctica antisindical, es distorsiva de la realidad, instala en la opinión pública un mensaje mentiroso y además pretende confundirnos.
  No alcanza a cubrir las mínimas expectativas, realiza nuevamente un cálculo que cercena la totalidad del salario, aplicando el 15 % a los montos provinciales y sobre el salario de septiembre, no actualiza el salario familiar, ni los montos por familia numerosa y conyugue, no expresa ningún elemento sobre el código 029 en el caso de los reiterados incrementos del combustible que harán imposible viajar.
  Exigimos condiciones seguras
  El reclamo de condiciones seguras para el retorno a la presencialidad se expresó el lunes 3 de febrero, en la primera reunión de la Paritaria de Condiciones Laborales, (que paso a cuarto intermedio sin fecha), reclamando datos concretos de la circulación viral comunitaria, las definiciones en torno a la campaña de vacunación, las condiciones de infraestructura y cuestiones básicas, como el atraso en partidas de limpieza que entre mayo y agosto dejaron de pagarse, lo insuficiente de la única partida Covid y como se garantiza la continuidad de la misma, el personal de riesgo, docente y no docente, lo sanitario y de higiene, como el transporte , la concentración horaria y la modificación de las condiciones de trabajo producto de la reestructuración organizacional y los concursos.
  Mención aparte se debe mencionar cuando hablamos de soberanía tecnológica, los datos que se juegan ponen el riesgo de manipulación a miles de sujetos, los modelos de negocios de las corporaciones se basan en captar datos para luego definir los negocios del futuro y administrar esos mercados de comportamiento, sabemos que desde la década del 90 la disputa de sentido estuvo orientada a convertir la educación en mercancía.
  Iosper, la Obra Social Provincial
  Los docentes como parte del colectivo perteneciente al Iosper, vemos con mucha angustia como nuevamente estamos en medio de un conflicto de intereses entre la conducción de la obra social y las corporaciones médicas, llegando en este momento a tener suspendidas las prácticas médicas en consultorio, en medio de una grave situación sanitaria en argentina y el mundo. Miles de gestiones hemos realizado como seccional, frente a demoras, el no pago de prestaciones, el reconocimiento parcial, entre pedidos y tramites que se gestionan directamente ante la representante de los docentes, compañera Adriana Hepp.
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  Es importante recordarnos que existe una deuda histórica por parte del gobierno que quitó aportes patronales y nunca los restituyó. El aumento sostenido de los costos producto de la inflación y la dolarización de los insumos médicos, colapsa con el brutal ajuste sobre los sueldos de los trabajadores que no incorporó al salario de los trabajadores estatales ni un peso durante el 2020, desfinanciando las obras sociales y el sistema previsional.
  Frente a la angustiosa situación de la enfermedad, vemos como sectores vinculados al poder político utilizan nuestra necesidad para pedir una intervención y otorgarle al mismo gobernador que desfinancia la obra social el poder de intervenirla, un mecanismo perverso que tiende a destruir el sistema solidario de salud.
  Exigir la restitución de las prestaciones en forma inmediata, implica ubicar también las responsabilidades de quienes hacen negocio con el derecho a la salud, de quienes han realizado gestiones deficientes y tomado medidas equivocadas y de una patronal que se desentiende de la salud pública de sus trabajadores, especula y no cumple.
  Todos los afiliados tenemos mecanismos para reclamar utilicemos los mismos, tanto para Iosper como para Osplad.
   
  Agenda:
• Ante el retorno a las clases presenciales sin condiciones sanitarias ni educativas, exigimos regresar de manera segura a las escuelas, sin apresuramientos y con el resguardo de todas las condiciones laborales y salariales.
• Recomposición salarial urgente, acorde al costo de la canasta básica, que contemple el proceso de pérdida del poder adquisitivo y verdaderamente supere las líneas de pobreza para comenzar a reconocer con un salario acorde, nuestra función.
• Realizar un plan serio y continuo de reparación edilicia para poner en condiciones las instituciones, agua, instalación eléctrica, baños, cocinas, espacios comunes.
• Definir la situación de los docentes que viajan, establecer un recorrido mínimo para que no exista circulación masiva.
• Resolver la situación del personal de riesgo.
• Concentrar cargas horarias, para que todo trabajador se desempeñe en una sola escuela por turno, sino la burbuja sanitaria será una mentira más.
• Exigir que todas las escuelas tengan los insumos necesarios, para estudiantes, docentes y personal.
• Contar con todos los cargos necesarios para garantizar la correcta implementación del protocolo y la formación al personal de servicios auxiliares.
• Garantizar el mínimo movimiento de personal, cubriendo la presencialidad y el teletrabajo sin recargar a los trabajadores, respetando carga horaria y la necesaria organización del tiempo espacio y trabajo.
• Reconocer el costo de la conectividad a internet a los docentes, así como la conexión en los edificios escolares.
• Como trabajadores de la educación sostenemos desde el colectivo sindical de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, sindicato base de CTERA, que NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD, ni pedagógicas, ni de condiciones laborales y por lo tanto exigimos el tiempo, los recursos económicos y salariales para garantizar el debate y los necesarios espacios de organización antes de pensar en retornos sin condiciones reales.
  La pandemia mostró al conjunto de la sociedad el enorme esfuerzo que hemos hecho los docentes por garantizar con recursos propios y con conectividad particular que la educación pública continuará desarrollando vínculos y conocimientos, el reconocimiento de este esfuerzo debe ser público y concreto.

• AGMER Seccional Paraná
  Susana “Peta” Acevedo