24 de marzo de 2022

24 de marzo de 2022

Compartimos el Documento del 24 de marzo de 2022 de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, al cual adherimos como Seccional de Agmer. Porque la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia es uno de los pilares de nuestro sindicato y un compromiso como trabajadores y trabajadoras de la educación.

30 mil razones para seguir luchando. La deuda es con el pueblo. Que la paguen los que la fugaron. FMI nunca más.

Hoy, como todos los 24 de marzo, ocupamos la calle para recordar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica y patriarcal. Nuevamente estamos en la calle para homenajear a nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y muertas y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la última dictadura genocida.
Porque a 46 años años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 levantamos nuestra voz para decir Nunca Más al Terrorismo de Estado, a los golpes de Estados y a las políticas sociales y económicas que buscan disciplinar a nuestros pueblos. Seguimos en las calles porque creemos que a través de la voz colectiva se conquistan y se defienden los derechos del pueblo. Levantamos bien alto la voz porque nunca dejaremos de luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
Aquel nefasto Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo los crímenes de la Triple A y las prácticas genocidas desplegadas en el Operativo Independencia como antesala. Con el Golpe se instauró en nuestro país el más terrible plan sistemático de exterminio que haya sufrido el pueblo argentino. El secuestro, la tortura y la desaparición forzada fue el modus operandi que implementaron los genocidas para eliminar a una generación de militantes que luchaban por una sociedad más justa e igualitaria: nuestros asesinados y desaparecidos.

Este año, además, se cumplen 45 años del asesinato de Rodolfo Walsh, militante político y periodista, quien se animó a enfrentar a la Dictadura con su histórica Carta Abierta a la Junta Militar, en la que, a un año del gobierno de facto, denunció el Terrorismo de Estado, la tortura, los centros clandestinos de detención, los asesinatos y desapariciones, como instrumentos necesarios para lo que llamó “la miseria planificada”.

Pero aquella terrible Dictadura no fue ejecutada solamente por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

También fueron parte necesaria del genocidio, la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y los grandes medios de comunicación, que en conjunto respondían a un programa de dominación neocolonial en el Cono Sur, diseñado por los imperialismos.

Hoy también estamos aquí, porque se cumplen 40 años de la Guerra de las Islas Malvinas.

Rendimos nuestro más sentido homenaje a nuestros soldados, conscriptos, combatientes y a las mujeres que fueron a la guerra, quienes por décadas fueron sistemáticamente negadas e invisibilizadas y no dejan de gritar: “¡nosotras también estuvimos!”. Recordamos a nuestros 649 caídos en la guerra y a los que, en los años siguientes, murieron a consecuencia de las campañas desmalvinizadoras. Al mismo tiempo, exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias las denuncias de vejaciones y torturas cometidas por una parte de la oficialidad.

Malvinas es una causa antiimperialista, con profunda encarnadura en la memoria popular y que despertó la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y del Tercer Mundo. Sostengamos más firme que nunca el reclamo: ¡Las Malvinas son argentinas!
Por ellos y ellas, reafirmamos nuestro reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, ocupadas por el imperialismo inglés y reivindicamos la lucha y causa antiimperialista de nuestro pueblo.
Repudiamos la militarización de Malvinas impulsada por el Reino Unido y EEUU. Esta demostración de fuerza está avalada por las potencias con poder de veto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino que también representa una amenaza para toda la zona. El conflicto imperialista global y su necesidad de controlar las rutas comerciales transoceánicas nos indica que las Islas Malvinas no son un problema distinto y distante sino un objetivo del propio proceso de construcción de bloques militares que se disputan el orden global.
Exigimos que se garantice, mediante acciones públicas concretas, el ejercicio efectivo de la soberanía sobre los espacios marítimos de jurisdicción nacional, los bienes naturales con los que cuenta y la biodiversidad que hoy está siendo saqueada por un sinnúmero de buques pesqueros extranjeros, muchos de los cuales cuentan con permisos otorgados por el ilegítimo gobierno inglés en las islas.

A 46 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 exigimos un país con los genocidas condenados y en cárcel común, donde no haya impunidad.

Por eso, entendemos que los juicios por delitos de lesa humanidad deben avanzar con mayor celeridad, y que exista mayor apoyo a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de las y los 30.000, así como también a la restitución de la identidad de nuestras hermanas y hermanos apropiados. Le exigimos al Estado y a la Iglesia Católica Argentina la apertura de los archivos de la dictadura.
Luchamos contra la impunidad biológica, la muerte de los genocidas, que con su pacto de silencio le siguen negando el derecho al duelo a las familias y le niegan el derecho a su identidad a muchas personas que aún viven bajo un nombre adulterado. Por eso reclamamos que el Estado provincial instrumente unidades de búsqueda para dar con el destino final de nuestros seres queridos y de las niñas y niños apropiados por los genocidas.

Hoy se cumple un año más de aquel golpe de estado donde a muchas compañeras y compañeros trabajadores del sector público les fueron aplicadas las leyes del Terrorismo de Estado, cuya vigilancia y persecusión terminó con la CESANTÍA, pérdidas de trabajo, exclusión social y laboral en todo el ámbito del territorio argentino.

Es ahí donde se inicia una incansable lucha, en la que lamentablemente hemos perdido en el camino a varios compañeros y compañeras. Y ante este reclamo solo hemos recibido como respuesta la ausencia y el abandono del Estado. Por esto exigimos el urgente tratamiento del proyecto de Ley de los Cesanteados y Cesanteadas por la última Dictadura Cívico Militar.

A casi veinte años de que las leyes de la impunidad fueran declaradas insanablemente nulas, en nuestra Provincia los juicios que investigan delitos de lesa humanidad en nuestro territorio han avanzado, pero queda por recorrer en este camino de justicia. 12 causas tuvieron sentencia, 6 se encuentran en etapa de investigación, 1 en etapa de juicio y 1 esperando su revisión. Fueron condenados 33 genocidas y 4 absueltos. Otros 4 quedaron impunes por su muerte o quedaron afuera la posibilidad de ser condenados por la impunidad gerontológica. Y solo 6 de ellos se encuentran alojados en cárcel común.

Los relatos de los pobladores de nuestro Delta se van sumando día a día para robustecer la causa judicial que investiga y pretende hallar los cuerpos de esos desaparecidos y desaparecidas que fueron arrojados a las aguas de nuestros ríos. Escuchamos cómo el pueblo trae memoria, nos señala, nos identifica nos cuenta sobre las distintas facetas que tuvo el terrorismo de Estado.
Y la impunidad no puede entenderse solo desde lo jurídico sino que debe entenderse como lo que intentaron implementar los genocidas, el olvido y la desaparición de una praxis socio política, o militante, cuestionadora del orden existente, por ello trabajamos para la reconstrucción de la memoria y exigimos al gobierno provincial que ponga en el centro de sus políticas a los derechos humanos, que garantice el funcionamiento de las áreas destinadas a la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad, en el acompañamiento a las víctimas y testigos que le ponen el cuerpo cada vez que se sientan en los estrados judiciales y que lleve a cabo las políticas necesarias para fortalecer el proceso de memoria y verdad construyendo una identidad política necesaria para dar las disputas de sentidos a aquellos sectores que, no solo legitiman los crímenes de la dictadura, sino que buscan justificar otras violaciones a los derechos humanos bajo un discurso de mayor seguridad.
La seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a los hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas.

La reconstrucción de la memoria no cesa, hoy podemos afirmar que nuestra provincia también fue escenario para el destino final de cientos de personas.

Para ello es menester promover un sistema de seguridad democrática que respete los estándares de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas.
Denunciamos el incremento de la violencia institucional que se vive a lo largo y ancho de todo el país, con desalojos, gatillo fácil, detenciones arbitrarias, muertes de personas privadas de la libertad y criminalización de la protesta social.
Y un día como hoy, no podemos dejar de recordar a Jorge Julio López, cuya segunda desaparición ocurrió en democracia. ¡Julio López, presente! Así como, a poco de cumplirse 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Tampoco nos olvidamos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y seguimos peleando por verdad y justicia.

En cuanto a la provincia de Entre Ríos,

le reclamamos a la legislatura que no demore más la integración de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, para avanzar en la conformación urgente del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos inhumanos, crueles o degradantes y la derogacion de la ley de contravenciones.
Ante los ataques del Jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, hacia los organismos de derechos humanos, seguimos denunciando los crímenes en manos de la fuerza de seguridad. De este modo, el Estado provincial expone a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal.
Traemos con memoria los nombres de Totín Pérez, Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito, asesinados y desaparecidos en manos de la Policía de Entre Ríos en democracia.
También las y los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001: Eloísa Paniagua, Romina Iturain, el compañero militante de la Corriente Clasista y Combativa, José Daniel Rodriguez y nuestro coprovinciano asesinado en Rosario, Claudio “Pocho” Lepratti.
En los últimos años fueron víctimas del gatillo fácil Sebastián Briozzi, Gabriel Gusmán, Miguel Varela e Iván Pérez. Exigimos celeridad para el nuevo juicio por el homicidio de Ivan Perez. Nos sumamos al grito de justicia de la familia de Gabriel Gusmán que solo recibió por parte de los fiscales una garantía de impunidad a sus perpetradores, sin embargo la querella ha logrado continuar con la investigación para alcanzar justicia. De esto hablamos cuando decimos justicia clasista: estos hechos deben investigarse, como también las muertes de Erik Valdez en la Comisaría 2° de Concordia, de Leonel Quintana en la Departamental de Victoria y la brutal represión que allí se ejecutó contra familiares y amigos ante el reclamo de justicia.

El Estado Entrerriano, en sus tres poderes, viene atentando contra los principios democráticos de seguridad, sin sancionar y condenar la tortura y el asesinato por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. No existe en el Estado Provincial ninguna política pública que tenga como función principal el trabajo contra la violencia institucional y en la prevención de estos delitos. En este sentido, el hostigamiento y tareas de inteligencia sobre miembros de la Ronda de los Martes y luchadores ambientales, demuestran que la represión se muestra como un modo recurrente para intervenir en los conflictos sociales.

Porque no olvidamos a los responsables de las miserias de nuestro pueblo, denunciamos el rol de ayer y de hoy del Fondo Monetario Internacional que financió a la dictadura militar sabiendo de los crímenes de lesa humanidad. Fue este mismo organismo de expoliación y saqueo un actor fundamental en el plan económico de los genocidas, en complicidad con el gran empresariado. Durante la dictadura, la deuda externa creció de 7.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones de dólares en 1983. Esto significó además la estatización de la deuda privada beneficiando a los concentrados grupos financieros.
Es también el FMI el que hoy somete a la pobreza al pueblo trabajador, mientras quienes hicieron negocios y se fugaron millones de dólares de la deuda siguen impunes.

A 46 años de la Dictadura genocida, seguimos luchando por un desarrollo de la sociedad y la economía al servicio de las mayorías trabajadoras con acceso a educación, vivienda, trabajo, salud y cultura para todos y todas. Y no para el 1% de los privilegiados históricos.

El crédito de 57 mil millones de dólares contraído en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, de los cuales se desembolsaron 45 mil millones, fue una decisión política de Donald Trump para financiar la reelección de Macri en el gobierno y fundamentalmente para condicionar la soberanía económica de los próximos años y así consolidar la dominación geopolítica en la región. Este préstamo, el más grande que haya dado el Fondo en toda su historia y que implica el 60% de sus arcas financieras, se hizo violando los propios estatutos internos del FMI que impedirían otorgar créditos que financien la fuga de capitales. Además el gobierno de Macri violó todas y cada una de las leyes y pasos administrativos internos para la toma de deuda, anunciado en un video de 2 minutos por cadena nacional con terribles consecuencias para varias generaciones de argentinos y argentinas.
Por eso reclamamos que se difunda la nómina de quienes compraron los dólares de la deuda para fugarla y que la AFIP actúe en consecuencia. Exigimos que se investigue y se castigue penalmente a quienes cometieron este acto criminal de coloniaje, que los responsables del macrismo vayan a juicio y se les condene por la estafa histórica a nuestro pueblo.

También rechazamos el nuevo acuerdo con el FMI, aprobado la semana pasada por el Congreso Nacional.

Porque de esta forma, el actual gobierno reconoce así una deuda previa que es ilegítima, fraudulenta y escandalosa. Exigimos que la crisis la paguen las grandes fortunas, quienes se enriquecieron y beneficiaron con la estafa al pueblo y no la clase trabajadora que necesita urgente un salario por encima del costo de la canasta básica.
El acuerdo con el FMI no significa otra cosa que empeñar el futuro de nuestras comunidades a la especulación y al extractivismo. La deuda (que hoy creció hasta llegar al 80% del PBI) es un mecanismo de sometimiento y control sobre los pueblos. Esta sumisión sistemática es llevada a cabo por diversos actores. El FMI es uno de ellos pero también lo son los Fondos Comunes de Inversión (BlackRock, JP Morgan o HSBC, por nombrar algunos).
Además, en el afán de cumplir con las demandas del FMI, se van a tomar y renovar créditos con otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial. Lo que significa más deuda. Como organizaciones del pueblo debemos exigir que esos fondos se destinen a políticas que garanticen nuestro bienestar y no para alimentar la misma bicicleta financiera.
Tenemos la suficiente memoria histórica como para reconocer las consecuencias que tendrán las condiciones que el FMI impone y la afrenta que significa una comisión que monitoree y se inmiscuya en nuestras políticas internas. La renegociación del acuerdo implica el aumento de las tarifas de servicios públicos, la reducción de la emisión monetaria para financiar políticas públicas, el recorte del gasto en políticas públicas que persigue el déficit cero, el aumento de la tasa de interés y la devaluación de nuestra moneda.
No podemos seguir reproduciendo un modelo de desarrollo basado en enfriar la economía doméstica —en la que vivimos todos nosotros y todas nosotras— y calentar la economía externa, que es extractivista de todo tipo de recursos: agropecuario, minero, energético, financiero y todo el trabajo humano allí contenido. La única forma de que ese modelo funcione es bajar el costo de la fuerza de trabajo directamente mediante menores salarios e indirectamente a través del aumento de precios de alimentos y servicios públicos esenciales, mediante la reducción de políticas públicas de salud, seguridad social, niñez,
educación, alimentación, inserción laboral y ayudas sociales.

Que el pueblo no pague la deuda es también decir no a la entrega de nuestra soberanía y los bienes comunes estratégicos de nuestro territorio.

Es necesario que el Estado recupere el control absoluto del comercio exterior, hoy administrado y explotado por multinacionales como Cargill, COFCO y ADM (entre otras), que usufructúan las inmensas riquezas de nuestro territorio. Para ello es necesaria la reapropiación de manera efectiva del Río Paraná y de los puertos costeros, la reconstrucción de la marina mercante y la puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios para direccionar el fruto de esa riqueza hacia un desarrollo científico y tecnológico que nos permita recuperar nuestra posición de país industrial capaz de generar millones de puestos de trabajo.
El modelo de agronegocios y minería extractivista a cielo abierto ha sido enfrentado y derrotados muchas veces con amplias movilizaciones populares entre otras, contra: Barrick Gold, Bajo la Alumbrera, Río Tinto Mendoza, FRACKING, BOTNIA, etc y la última fue el triunfo de la Derogación de la Ley de Zonificación minera en Chubut que logró derogar la Ley aprobada por el Parlamento, enfrentado hace años por las movilizaciones. Modelo que se aplica en nuestras tierras, ejecutado por corporaciones nacionales y extranjeras, que vienen provocando daños severos a nuestro ambiente, contaminando nuestro suelo, afectando la salud de la población y constituyendo un verdadero ecocidio de proporciones catastróficas.
Por eso levantamos la bandera de otro modelo alimentario. Luchamos por la transición urgente y necesaria hacia un modelo de producción agroecológico basado en la obtención de alimentos sanos y culturalmente apropiados, y en el cuidado de la biodiversidad de nuestra tierra. Exigimos que el cuidado y preservación de los bienes comunes sea orientadora para el diseño de las políticas públicas.
En los últimos 4 años los sueldos de los trabajadores argentinos cayó un 20% a causa de la inflación y el atraso paritario. Es necesario terminar con los privilegios de un puñado de monopolios y oligopolios que controlan quienes comen y quienes no comen en la Argentina.
La inflación es un problema esencialmente político, no económico. Porque en un país donde se producen alimentos para más de 300 millones de personas, tenemos más del 40% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Exigimos de modo urgente que el gobierno Nacional arbitre las medidas necesarias para terminar con la especulación de los formadores de precios y garantizar el acceso popular a los alimentos.
La química que sobrevuela el aire de nuestra provincia sobreexpone a nuestro pueblo y a nuestra gurisada a sustancias que penetran la tierra sembrada de alimentos, en el agua que tomamos y en los cuerpos que habitamos.

No vamos a aceptar que se siga empobreciendo la calidad de vida de nuestro pueblo. Hemos visto cómo se han levantado distintos pueblos de nuestra América Latina, en muchedumbres azotadas por décadas de saqueo y explotación. Movimientos feministas, sindicales, estudiantiles, entre otros, movilizados para reivindicar la acción colectiva en sus manos y la lucha popular contra los inaceptables niveles de riqueza que ostentan las clases dominantes. Por eso consideramos que la unidad de los pueblos de la Patria Grande es indispensable para construir un horizonte de justicia y equidad.

Asimismo, también debemos advertir sobre una de las nuevas estrategias de dominación del poder imperial en la región: el Lawfare.

Un método llevado a cabo mediante la articulación de los medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y servicios de inteligencia para atacar y destruir a opositores políticos, que ha deteriorado gravemente los derechos democráticos en toda América Latina.
Por eso apoyamos los proyectos de Reforma del Poder Judicial, porque los consideramos no solo necesarios sino urgentes para nuestro sistema democrático. Lo decimos claramente: el Poder Judicial es aristocrático, clasista y patriarcal. Sus estructuras mafiosas se descomponen día a día ante la mayoría de la sociedad que descree, como nunca antes en la historia, del servicio de justicia en la Argentina.
El pacto mafioso que implicó durante décadas la utilización de los servicios de inteligencia para la “gestión” de lo judicial es el que debe terminar, así como también la persecución política hacia las organizaciones políticas, sociales y sindicales.

Las mujeres y disidencias somos quienes más sufrimos las consecuencias de la crisis económica y social.

Es la feminización de la pobreza, la brecha salarial entre mujeres y varones y la falta de remuneración de las tareas de cuidado, las que nos condenan a la pobreza y la permanente vulneración de derechos.
En 83 días de este año hubo 76 feminicidios y travesticidios. Denunciamos que el presupuesto del Ministerio de Mujeres destina solo $248 pesos por mujer por año, insuficiente para las políticas públicas que exigimos.

Este sistema judicial machista y clasista no va más. Basta de impunidad selectiva en que toda violencia de género es excluida de su tratamiento judicial hasta que tiene consecuencias irreparables. Vamos por una reforma judicial integral con perspectiva feminista y de clase. Celebramos la absolución de Higui, fruto de la lucha colectiva feminista y disidente. Y seguimos gritando ¡Dónde está Tehuel!

Seguimos exigiendo la efectiva implementación de la ESI, con presupuesto y profesionales
acorde.

Necesitamos la efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¡Basta de profesionales objetores en el sistema público de salud! ¡Vamos a defender esta ley con la misma fuerza con la que la conquistamos! Por la efectiva implementación del cupo laboral trava-trans en el Municipio de Paraná y en la Provincia, y la aprobación de la ley integral trans nacional.
Finalmente, no queremos dejar de nombrar a José Liborio Poblete Roa, desaparecido de la dictadura, quien luchó por el derecho de las personas con discapacidad. Y seguir reclamando por esos derechos, que han sido vulnerados con la baja de 170.000 pensiones durante el macrismo, violando todas las leyes y convenciones de derechos humanos.

A 46 años del último Golpe de Estado, marchamos porque entendemos que con organización y movilización, con la participación activa del pueblo como sujeto histórico, podremos construir un proyecto de país con soberanía y justicia social, como lo soñaron y buscaron nuestros 30 mil desaparecidos y desaparecidas.

Rememoramos sus nombres, sus rostros, sus historias personales, pero fundamentalmente necesitamos reivindicar, en nuestras acciones cotidianas, sus ideas políticas y el proyecto de sociedad que buscaron construir, con más aciertos que errores, enarbolando un profundo compromiso colectivo. Y lo decimos claro, no se puede entender el grado de ferocidad en los crímenes del Terrorismo de Estado sino se advierte el temor que las clases dominantes sintieron, como pocas veces, ante la posibilidad efectiva de perder sus históricos y viejos privilegios.
Porque hoy la lucha sigue y sostenemos con firmeza ¡LA DEUDA ES CON EL PUEBLO compañeras y compañeros! La deuda es con las grandes mayorías que queremos condiciones de vida digna con acceso a vivienda, educación, salud y trabajo.
Hoy, a 46 años del Golpe de Estado, estamos aquí compañeros y compañeras, luchando por la Patria liberada, poniendo nuestros cuerpos en esta Plaza, para no dejar pasar la historia por nuestro costado. Porque tenemos 30.000 razones para seguir luchando. Para construir la unidad del pueblo argentino, porque no tenemos duda: ¡solo el pueblo salvará al pueblo!
La historia sigue y la lucha continúa, porque, compañeros y compañeras, ¡no nos han vencido!
¡30 mil razones para seguir luchando!
¡La deuda es con el pueblo!
¡Que la paguen los que la fugaron!
¡FMI Nunca Más!
30.000 compañeras y compañeros desaparecidos
¡PRESENTE! ¡AHORAYSIEMPRE!
MULTISECTORIAL DE DERECHOS HUMANOS DE PARANÁ

24 de marzo de 2022