MULTISECTORIAL DE ENTRE RÍOS
Que la crisis la paguen los sectores de la economía concentrada.

Desde la multisectorial de Entre Ríos, entendemos que son momentos claves para el presente y el futuro de nuestro país. Mientras los grupos concentrados de la economía fuerzan la política para no ver afectados sus intereses económicos, los sectores populares pelean por sobrevivir. El escenario de la pandemia, puso al rojo vivo las desigualdades producidas por las políticas neoliberales.
Por eso, señalamos que es imprescindible que el gobierno de la provincia refuerce la atención a aquellos sectores cuyas condiciones de vida, antes de la pandemia, estaban sujetas a la pobreza. Situación análoga ocurre con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los trabajadores monotributistas, categoría C o superior, quienes no perciben ningún beneficio asistencial frente a la Pandemia.
Esto, en un escenario donde decenas de PYMES cierran sus puertas a diario. Y en el que los trabajadores en relación de dependencia pierden sus fuentes laborales, y si las conservan, tienen cerradas las discusiones paritarias. Situación que se ve agravada por la inflación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en lo que va del año, lleva acumulado un aumento del 15,1 %. Pérdida que se suma a los estragos producidos por la pandemia, golpeando principalmente al conjunto de la sociedad.
A su vez, reconocemos que los argentinos sufrimos el principal golpe a nuestros bolsillos, durante los cuatro años del gobierno de Macri. De hecho, la inflación en el 2019 fue del 53,8 %. No hubo paritaria que contuviera semejante escalada inflacionaria, y aún hoy lo seguimos pagando.
En este contexto, el Gobierno de Entre Ríos aprobó la Ley de Emergencia, donde los principales perjudicados son los trabajadores. Una vez más, quienes han venido sosteniendo los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios, deben ser quienes garanticen las funciones inherentes al Estado Provincial. Para decirlo en término de porcentaje: más del 64% de los recursos que el Estado piensa recaudar con esta ley, será aportado por trabajadores y jubilados. Mientras que Bancos y Financieras aportarán el 15%, los terratenientes de más de 1000 hectáreas, el 7%; y Laboratorios y Farmacias, el 12%.
Desde la declaración del aislamiento preventivo, social y obligatorio, los grupos concentrados de la economía (Pan American Energy, Tecpetrol, Techint, Bancos extranjeros, Exportadores, entre otros) a través de los medios de comunicación que le son funcionales (Grupo Clarín, Infobae, Nación, A 24, etc.) han desatado una pulseada por derribar la cuarentena, ya que perjudica sus intereses. Bajo distintas banderas se han producido movilizaciones y cacerolazos, llamando a no respetar el aislamiento. Mecanismo que utilizaron para confrontar con la expropiación de Vicentín, y el impuesto a las grandes riquezas. En este sentido, no ignoramos que si el rumbo económico hubiera seguido los parámetros fijados por las políticas de Macri, atadas a las pretensiones del fondo monetario internacional, la situación de los sectores populares hubiera significado una catástrofe social.
La situación actual se dirime en esta pulseada; quién paga los estragos provocados por la pandemia. Reconocemos el valor positivo que tiene la asistencia del Estado nacional mediante la implementación de programas asistenciales, como el ingreso familiar de emergencia (IFE) y su incremento para el mes de septiembre. Pero, señalamos que es insuficiente, de acuerdo con las necesidades que atraviesan los sectores populares y las economías regionales. Y en esta pulseada, el Gobierno de Bordet, implementó la Ley de Emergencia, descargando lo principal de la crisis sobre los trabajadores.
Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones, porque estamos convencidos y convencidas sobre quiénes son los que pueden pagar la crisis mundial producida por la Pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todo nuestro esfuerzo para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron, quienes deban pagarla. Nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y el Pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada.

Por todo lo anteriormente señalado, solicitamos:

1. Se incremente los gravámenes a los sectores concentrados de la economía. Frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, se debe impulsar la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios.
2. Redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional.
3. Incremento en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos a las entidades financieras, impidiendo el encarecimiento del crédito; urgente revisión del esquema tributario, en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios.
4. Revisar con acuerdo de los intereses provinciales, las actividades de la minería. Los mecanismos de concesión, los permisos de extracción, el control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias.
5. Que el Estado Provincial reclame la reparación histórica por la Represa Salto Grande con el propósito de mejorar los costos energéticos para la provincia.
6. Fomentar una discusión estratégica del uso de tierras y un Plan de Colonización en base a las tierras fiscales. Y promover políticas de producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas, rumbo a la Soberanía Alimentaria, indispensable para dar solución a las necesidades de nutrición y salud.
7. Control de precio de alimentos y artículos esenciales, con participación ciudadana, a través de representantes de trabajadores, jubilados y organizaciones sociales en general.
8. Eliminación del IVA en los alimentos esenciales.
9. Derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia.
10. Reapertura de la discusión salarial de los trabajadores provinciales y municipales.
11. Cobertura integral de salud para todos los entrerrianos reforzando el sistema público y las obras sociales.

Firman este documento las siguientes organizaciones:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado)
AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central))
AGMER Seccional Paraná
La Bancaria
APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)
CTA de los Trabajadores
CTA Autónoma de Entre Ríos
CTA Autónoma de Paraná
Multisectorial de mujeres Entrerrianas
CCC (Corriente Clasista y Combativa)
Somos Barrios de Pie
CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)
La Poderosa
Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná
CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)
Movimiento Ni un pibe menos por la droga
Federación Nacional Campesina de Entre Ríos.
MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)
Barrios de pie
MTL (Movimiento Territorial de la Liberación)
Sindicato de Ladrilleros
UTEP EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)